El solo hecho de que en Colombia algunos sectores estén hablando del riesgo de una recesión, ya evidencia la gravedad de lo que está ocurriendo en el flanco económico cuando apenas han corrido dieciséis meses de la actual administración.

Aunque la mayoría de los expertos consideran que entre octubre y diciembre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) será levemente positivo y, por lo tanto, no continuará la senda del -0,3 % que se registró en el tercer trimestre, se advierte igualmente que Colombia tendrá en este 2023 uno de los menores crecimientos de este siglo, incluso por debajo del 1 %.

No se trata de un cálculo pesimista, sino de una previsión realista. A marzo pasado la economía creció 3 %, ya en junio cayó a 0,3 % y al cierre de septiembre se ubicó en números rojos. Para siquiera llegar a ese 1 % al cierre del año, entre octubre y diciembre sería necesario que el PIB alcanzara un 1 %.

Una recuperación de ese calibre porcentual requeriría un empujón productivo inmediato que, por ahora, no se ve posible. Faltando apenas seis semanas para que acabe el 2023, los diagnósticos de los presidentes de los gremios de la industria, comercio, construcción, agropecuario y otros rubros coinciden en que no hay elementos que permitan prever que estamos en un efecto ‘rebote’ de la producción, ventas y consumo.

Además, es necesario ser consecuentes con los pronósticos del Gobierno, el Banco de la República, los centros de estudios económicos, así como de la banca multilateral, la OCDE y la Cepal… Todos señalan que Colombia crecería en 2024 a un máximo de 1 % o 1,5 %. Es decir, que el próximo año apunta a ser tanto o más desacelerado que el actual.

La descolgada, por tanto, es innegable y no se puede camuflar con los gaseosos discursos políticos gubernamentales ni distraer con comparaciones frente a lo que pasa en otros países del vecindario. De hecho, cuando se acude a este segundo escenario, la situación colombiana tiende a complicarse aún más porque se evidencia que el PIB nacional es de los que más están cayendo proporcionalmente frente a 2022. Incluso, la inflación local es de las más altas de la región, así como las tasas de interés de referencia del Banco de la República.

Las frías cifras

La frialdad de las cifras es contundente. Antes de la pandemia, Colombia cerró 2019 con un 3,3 % de crecimiento. Vendría la crisis por el covid-19 en 2020, con parálisis productiva y cuarentenas a bordo, llevando el PIB a -6,8 %. Tras empezar a superar la contingencia sanitaria y con un plan de choque que incluyó una inyección billonaria de recursos en salvavidas a empresas, empleo y subsidios directos a la población (especialmente Ingreso Solidario), la economía de nuestro país tuvo un rebote inédito en 2021, llegando al 10,6 %, todo un récord, pese a los paros del segundo trimestre.

Ya en 2022, con elecciones a bordo y cambio de orilla política en la Casa de Nariño, así como un convulso escenario externo marcado por la desaceleración global y el coletazo de la guerra en Ucrania, nuestro país cerró con un muy potable 7,5 %, considerado por no pocos expertos como un desempeño más realista y menos contagiado por el rebote pospandémico.

Si se revisa esa curva de crecimiento, queda absolutamente claro que cerrar el 2023 con un 1 % en modo alguno se puede considerar positivo, más aún cuando la inflación está en 10,48 %, las tasas del banco central en 13,25 %, el desempleo bordea el 9,3 %, la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional Central está colgada, la inversión extranjera directa disminuye, el clima de negocios está muy golpeado, las exportaciones siguen de capa caída y las familias debieron apretarse aún más el cinturón. Todo ello al tiempo que la construcción, la industria, el comercio y el consumo, los sectores que mueven el empleo, llevan varios meses decreciendo.

Tanto al presidente Petro como al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se les ha pedido de manera insistente desde la cúpula gremial y múltiples sectores que se active un plan de choque para que la desaceleración productiva no fuera tan pronunciada.

En medio del cortocircuito con la cúpula gremial, el Ejecutivo asegura que sí se lanzó una estrategia de reactivación meses atrás, basada en un ambicioso plan de subsidios a la vivienda que podría estar moviendo más de tres billones de pesos a corto plazo. Sin embargo, las cifras sectoriales no reflejan su efectividad. Por el contrario, Camacol insiste en que el demorado cambio en “Mi Casa Ya” profundizó la crisis de la construcción, al punto que esta semana alertó que el PIB de edificaciones evidenció un decrecimiento del 5 % en el tercer trimestre, jalonado por una contracción del 7,7 % en la producción de vivienda.

A ello se suma que, con base en los billonarios recursos que se empezaron a recibir este año por cuenta de la reforma tributaria aprobada el año pasado (la más alta de historia), se esperaba que la inversión pública (más aún en un año en el que la Ley de Garantías Electorales impactó a la baja las obras civiles con dineros oficiales en departamentos y municipios) sirviera de dinamizador productivo. Sin embargo, desde mediados del año se han repetido las alertas por el bajo nivel de ejecución presupuestal de muchos ministerios y entidades del Gobierno Nacional Central. Aunque el presidente Petro ordenó movilizarse, los últimos informes al respecto evidencian que el cuello de botella se mantiene.

¿Qué hacer?

Lo más grave del dato revelado esta semana por el DANE sobre el decrecimiento en el tercer trimestre del año no solo fue que nadie esperaba una cifra de índole negativa, sino que la reacción del Gobierno frente a cómo se enfrentará esta grave circunstancia generó más dudas que certezas.

De un lado, el ministro Bonilla pareció enfilar baterías contra el Banco de la República, señalando que mantener las tasas tan altas se ha convertido en un freno a la inversión, el consumo y la actividad económica. Sin embargo, para no pocos exministros de Hacienda y expertos, considerar que la reactivación pasa única y exclusivamente porque el Emisor empiece a rebajar sus tipos, resulta una apuesta muy débil.

De un lado, porque la inflación a octubre bajó menos de lo presupuestado y las anunciadas alzas en combustibles, peajes, tarifas de energía y alimentos (por el coletazo del fenómeno de El Niño) no auguran que sea fácil cerrar a diciembre con un 9,6 % de incremento del costo de vida. Bajo esa tesis, el Banco, sobre todo en una temporada en que el gasto suntuario se dispara y crea una presión inflacionaria adicional, no se sabe qué tanto dé su brazo a torcer para flexibilizar sus tasas, que en todo caso no se rebajarían en más del 1 % y cuyo efecto en la economía tardaría un par de meses en sentirse.

Más complicada resultó la propuesta del presidente Petro en torno a que es imperativo aumentar la inversión pública y para ello sería necesario reformar o incluso “no mantener” la regla fiscal. Aunque no es la primera vez que este Gobierno propone anular el principal mecanismo legal de disciplina fiscal, límite del gasto y la deuda (vigente desde 2011), reiterar la cuestionada idea en esta difícil coyuntura no resulta muy positivo.

De un lado, porque la realpolitik indica que el Gobierno, cuya desfavorabilidad subió más esta semana, no tendría cómo aprobar una reforma en ese sentido en un Congreso, en donde su bancada es minoritaria, sus principales reformas están bloqueadas y acaba de recibir un drástico voto de castigo en las elecciones territoriales.

En segundo lugar, la propuesta es polémica porque la mejor manera de acelerar inversión pública sin poner en peligro la estabilidad macroeconómica no es reformando la regla fiscal ni presionando al Emisor para que baje sus tasas. En realidad, la opción más viable es obvia y de margen directo del Gobierno: acelerar la ejecución presupuestal, la misma que está colgada desde mediados de este año y nada que despega pese a los continuos regaños presidenciales a ministros y altos funcionarios.

Como se ve, en apenas dieciséis meses de gestión del gobierno Petro la economía entró en reversa y no se ve una política multisectorial eficiente que la vuelva a poner a andar hacia adelante. La estrategia macro y micro no solo ha estado marcada por la improvisación y la lesiva ideologización de izquierda radical, sino que, además, teniendo recursos para mover el aparato productivo, no es eficiente en el gasto e inversión.