La dimensión del contrabando en Colombia es alarmante. Cálculos de las autoridades señalan que la entrada ilegal de mercancías a Colombia podría estar moviendo no menos de 4.000 millones de dólares al año. Más grave aún es que buena parte de esos recursos constituyen una millonaria y compleja operación de lavado de activos, visto el nexo directo de estas estructuras delictivas con carteles y grupos armados ilegales que siembran violencia en todo el país.

El modus operandi se basa en enviar al exterior grandes cantidades de drogas ilícitas, y luego utilizar los cuantiosos pagos por los alcaloides para adquirir en el mercado negro inmensos cargamentos de textiles, zapatos, electrodomésticos, cigarrillos, máquinas y un sinnúmero más de productos que, amparados en estrategias de corrupción en los puertos, aduanas, departamentos de impuestos, Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), así como en otras instancias, burlan todos los controles de las autoridades y terminan en los comercios informales de muchas ciudades y municipios. Se configura así un circuito criminal que les permite a los contrabandistas infiltrar millonarias sumas de dinero día a día en el aparato económico y monetizar grandes fortunas por la puerta de atrás.

El caso del señalado zar del contrabando, Javier Marín, alias ‘Papá pitufo’, ha dejado al descubierto el inmenso poder de cooptación de estas estructuras criminales. No solo por la campaña Petro 2022, escándalo que ha generado un grave cruce de acusaciones al más alto nivel de la Casa de Nariño, sino porque las investigaciones judiciales y operaciones de inteligencia han permitido deducir a las autoridades que el señalado delincuente ‒hoy en Portugal y en espera de la respuesta a una petición de asilo para evitar su deportación a Colombia‒ lideró por muchos años una red que le permitía mover mercancías hasta por ocho billones de pesos al año. Para ello, incluso por audios suyos obtenidos por agentes encubiertos, montó una operación de corrupción y sobornos en donde ponía y quitaba funcionarios de puertos, aduanas, impuestos, policía y otras entidades para que centenares de contenedores con productos ilegales ingresaran al país sin cortapisa alguna y llegaran a las grandes ciudades. No en vano a esta red se le atribuye el manejo de casi el 80% del contrabando en Colombia.

De hecho, este caso específico ha puesto en tela de juicio los resultados y alcances de la estrategia anticontrabando en el país. Resultados que, para el caso de 2024, incluyeron la captura de hombres clave de aquella organización, así como operaciones de las autoridades aduaneras y tributarias que permitieron 469.000 millones de pesos por aprehensiones de mercancías. Lo cual es un porcentaje menor frente a los rubros de contrabando que se calculan.

Por otra parte, está la controversia generada ayer en torno a la cantidad de congresistas, altos funcionarios y exfuncionarios de este Gobierno que habrían gestionado ante el anterior director de la DIAN y hoy ministro de Comercio nombramientos, traslados y ascensos de personas en cargos clave de puertos como los de Buenaventura o Barranquilla. Es claro, como lo dijo la Fiscal General de la Nación, que recomendar tal o cual designación en un puesto público no es delito, sin embargo, lo que genera interrogantes es que algunas de esas gestiones se hicieran, precisamente, con respecto a los principales puntos de ingreso de productos ilegales que utilizaba la escandalosa red en mención y que allí, según lo visto en las informaciones periodísticas, fueran evidentes sobornos y fraudes. El ente acusador tendrá que dar luces a este respecto.

Finalmente, es evidente que existe en el país una visión casi que flexible o ‘indulgente’ respecto al daño que produce el contrabando. Se olvida, no obstante, que este fenómeno criminal está obligando a cerrar miles de puestos de trabajo y anula la posibilidad de competir de las empresas nacionales y aquellas que importan bajo las reglas legales. También se obvia que este ilícito impacta el erario de forma considerable, y no solo por los aranceles que ese alud de mercancías no paga a la Nación. Por ejemplo, la Federación Nacional de Gobernadores advertía a comienzos del año pasado que en 2023 el consumo de cigarrillos ilegales en Colombia alcanzó un 35%, la cifra más alta desde 2015. De hecho, por este flagelo el país perdió 3,6 billones de pesos en los últimos cinco años. También hay un riesgo a la salud pública por el ingreso y comercialización irregular de medicamentos, bebidas y otros productos no autorizados ni verificados. Para solo hacerse una idea de este peligro, baste con mencionar que el año pasado se decomisaron más de 563.512 unidades de distintas de estas mercancías.

Como se ve, el contrabando no es un flagelo aislado ni independiente, sino que se ha vuelto sistemático y multifacético. No solo roba billones de pesos a los colombianos, sino que es el gran motor de la criminalidad. Un peligroso circuito que finalmente está mostrando, ante los ojos atónitos de los colombianos, su gran potencia como cantera productiva de los criminales y la absoluta erosión de la ley con compinches de todo orden.