* Mininterior va por buen camino
* Los responsables son los partidos
EL tema de los avales está dando mucho de que hablar. Lo que quiere decir que está bien.
La arremetida del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, contra el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, por haberse respaldado en la Fundación Arco Iris en las indagaciones sobre presuntos inhabilitados demuestra que el asunto está sobre el tapete. Es decir, que la discusión sobre quienes pueden presentarse a hacer política y representar a los ciudadanos está candente. Obviamente, y es lo que quieren los colombianos, quienes tengan deudas judiciales pendientes o generen sospechas razonables sobre vínculos non sanctos, no deberían tener credenciales.
El Procurador, por su parte, considera que este tipo de investigaciones, como las de Arco Iris, no son actos jurídicos de antemano. El Ministro del Interior no ha dicho que lo sean. Simplemente son el mecanismo que permite a los partidos tomar tal o cual decisión sobre sus militantes y voceros. De este modo son las colectividades las que producen las ejecutorias y son responsables jurídicamente. Muchísimo peor sería la omisión del Ministerio del Interior en espera de otros métodos de soporte que, como todo en Colombia, se irían en un debate sin fin y perderían el propósito fundamental, que es limpiar de inmediato la política.
Al mismo tiempo, el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, ha dicho que, como van las cosas, no van a existir candidatos debidamente avalados para el día de las elecciones. Se espera, desde luego, que no sea así, pero en todo caso lo básico es entender que el país trata de buscar caminos hacia la mejora de la representación y representatividad políticas, y asumir debidamente las lecciones sobre las infiltraciones y alianzas espurias de los últimos años. El Consejo Nacional Electoral tiene la palabra al respecto.
Las investigaciones de Arco Iris sirvieron en su oportunidad para sustentar ciertos fallos de la llamada parapolítica. Luego las versiones de los mismos paras han determinado sentencias adicionales. Todavía se investiga la materia y semanalmente se producen dictámenes. No fueron, desde luego, aquellas investigaciones actos jurídicos en sí mismos. La Corte Suprema de Justicia, como máxima entidad de lo penal, las retomó por su cuenta y riesgo y permitieron escenificaciones jurídicas, según el derecho moderno. Pero no era que de antemano tuvieran alcance institucional. Por el contrario, muchos acápites fueron desestimados; otros apenas han servido de soporte y no configuran el núcleo exclusivo y excluyente del acervo probatorio. Hay muchos más documentos y testimonios.
En el caso de los avales, son los partidos políticos, como entidades legales, los que pueden proceder en uno u otro sentido sobre quienes han aparecido en las nuevas investigaciones. Seguramente es necesario que el mismo Gobierno tenga listas y escenarios correspondientes de personas que no deberían acceder a la política. Pero corresponde a los partidos las decisiones finales de acuerdo con las facultades que tienen en los propios estatutos, que por lo demás son leyes de la República.
Desde luego, todo colombiano, nacionalizado o de origen, tiene derecho a elegir y ser elegido. Es, no sólo uno de los derechos fundamentales, sino sustento de la democracia. Eso no quiere decir, en absoluto, que los partidos no tengan posibilidades de veto. Si un partido no quiere recibir a un aspirante, y mucho menos aceptarlo de vocero o representante, está, no sólo dentro de las capacidades partidistas, sino en sus deberes. Mucho más, por ejemplo, cuando las comisiones de ética, tanto de los partidos como del Congreso, se han mostrado ineficaces. De manera que todos los esfuerzos que se hagan en el propósito de lograr representaciones honestas son bienvenidos. Es mucho mejor actuar por anticipado, en casos que de suyo son evidentes, antes que esperar pérdidas de investidura o fallos penales, calamitosos, además, para la dignidad e imagen de las corporaciones públicas, lo mismo que para alcaldías y gobernaciones. Y en eso el Ministro del Interior ha demarcado un buen camino.