Más allá de reformas, leyes o decretos
Correcciones estructurales y coyunturales
Uno de los grandes debates del año pasado se dio alrededor de si era necesaria una reforma ordinaria al sistema de salud. Como se recuerda, durante el primer semestre se tramitó en el Congreso una iniciativa al respecto, que al final no fue aprobada. Vino entonces el arranque del segundo mandato del gobierno Santos y la necesidad de impulsar un nuevo proyecto empezó a ser replanteada poco a poco, no sólo por las instancias oficiales sino en otros actores del sistema, abriéndose paso la tesis de que muchos de los ajustes que se requerían ya estaban contemplados en la Ley Estatutaria aprobada en 2013, por entonces bajo examen previo de la Corte Constitucional, así como en otras normas legales de 2007, 2011 y 2012. Es más, no fueron pocos los analistas que advirtieron que mientras el máximo tribunal no emitiera su fallo, resultaba apresurado volver al Congreso, puesto que no se sabía si podía quedar sin piso en el análisis de exequibilidad. Lo cierto es que hoy por hoy, aunque la Corte avaló semanas atrás la constitucionalidad de la norma, hubo un error en la transcripción de la sentencia, obligando a que el Congreso tenga que hacer, en marzo próximo, los ajustes respectivos y entonces sí la reforma será enviada a la Presidencia de la República para su respectiva sanción y entrada en vigencia.
En ese orden de ideas, con la reforma estatutaria aún pendiente de iniciar su aplicación y sin que se hubiera presentado al Congreso el proyecto de reforma legal ordinaria, el único margen de acción al que se acudió en los últimos meses fue el reglamentario. Precisamente, la semana pasada el Gobierno, al anunciar algunos decretos de ajuste, también presentó un balance de las medidas tomadas en meses recientes para aliviar la situación financiera de los hospitales y suplir las falencias en materia de acceso de los usuarios a una atención médica eficaz y de calidad.
En ese menú de nuevas medidas y de las ya adoptadas hay varias muy importantes. Está, por ejemplo, el incremento en 6,06 por ciento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado reconoce por cada afiliado a las EPS para garantizar su atención médica. De igual manera se inició un plan piloto en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para igualar los pagos que hace el Estado por los afiliados de los regímenes subsidiado o contributivo. También se expidió un decreto para llevar los servicios médicos a las zonas apartadas del país, iniciando por Guainía y luego Vaupés y Chocó. En lo que tiene que ver con el programa de saneamiento de la cartera hospitalaria, en los últimos dos meses se compraron deudas por 350 mil millones de pesos y ya son más de 300 las entidades apoyadas por esta vía en todo el año.
No menos importante es el decreto de habilitación financiera de las EPS, cuyo objetivo es garantizar que estas entidades cumplan unos mínimos financieros y técnicos para prestar el servicio con oportunidad y eficiencia. A ello deben adicionarse los resultados de otras decisiones como las de garantizar que un usuario sea atendido en cualquier lugar del país sin importar la EPS a la que esté afiliado o que si se cambia del régimen contributivo al subsidiado, o viceversa, no tenga que cambiar de entidad prestadora del servicio. Más de 570 mil personas se han beneficiado de estas directrices. De otro lado el control de precios a más de mil medicamentos ha permitido ahorros por más de medio billón de pesos. Adicionándose a ello, el decreto que regula los medicamentos biotecnológicos que debe permitir reducciones entre el 30 y el 60 por ciento en los precios y ahorros para las arcas oficiales cercanos a los 400 mil millones de pesos.
Es evidente que el sistema de aseguramiento en salud aún presenta muchas falencias. Negarlo sería ingenuo y la tutelitis en salud continúa siendo prueba irrefutable de las fallas. Sin embargo, poco a poco este conjunto de medidas ha logrado ir corrigiendo errores estructurales y coyunturales. Hay que perseverar en esa dirección, así como en la vigilancia de todos los actores del sistema, en especial las EPS, hospitales, clínicas y personal médico y administrativo. No importa si los ajustes son reglamentarios, legales o constitucionales, lo que interesa es que funcionen.