* Cauca, Chocó y Arauca, zonas críticas
* El Estado pierde terreno ante ilegalidad

La situación de inseguridad y desorden público en el país sigue deteriorándose. Una prueba de ello es lo ocurrido al comienzo de esta semana en zona rural de López de Micay, en la región del alto Naya (Cauca), en donde un enfrentamiento entre facciones de las disidencias de las Farc dejó doce personas muertas, ocho de las cuales integraban el grupo armado ilegal.

Se trata, sin duda alguna, de uno de los hechos de violencia más atroces de los últimos años, no solo por el alto número de víctimas, sino porque, al tenor de la principal hipótesis que manejan las autoridades, la matanza se motivó por diferencias entre facciones de la cuadrilla ‘Jaime Martínez’ por dineros de la minería criminal.

Según la organización no gubernamental Indepaz esta es la masacre número 47 del año y la de mayor cantidad de asesinados. Una gran parte se ha registrado, precisamente, en Cauca, en donde, como ocurre en otras zonas del país, la violencia le está ganando el pulso a la institucionalidad ¿Por qué? La causa es innegable: las falencias evidentes y sobrediagnosticadas de la política gubernamental de seguridad y orden público, así como los vacíos de la accidentada política de “paz total”.

En la zona en donde se produjo la masacre operan no solo grupos del llamado ‘Estado Mayor Central’ de las Farc, sino también del Eln y bandas criminales de alto espectro, que se enfrentan a sangre y fuego por el dominio de los corredores del narcotráfico, minería ilegal, contrabando de combustible, madera y armas, entre otros ilícitos.

Como se sabe, desde comienzos de este año las Fuerzas Militares lanzaron una ofensiva de alto calado en el Cañón del Micay, sobre todo en área rural del municipio de Argelia y el corregimiento de El Plateado. El objetivo es neutralizar facciones de las disidencias que llevan muchos años dominando este enclave estratégico de alta montaña. Dichos frentes subversivos son los mismos que perpetraron la escalada terrorista a comienzos de año en Cauca, Valle y Nariño, que llevó al rompimiento del cese el fuego con una parte de este grupo ilegal, al mando de alias ‘Iván Mordisco’.

En este departamento también se registró ayer otro hecho de extrema gravedad: ocho infantes de Marina resultaron heridos tras un atentado terrorista perpetrado por las disidencias en el municipio de Timbiquí. La explosión fue tan fuerte que afectó a decenas de viviendas y establecimientos comerciales.

La situación en otras regiones también es muy preocupante. La semana pasada advertimos de la crisis en Arauca, en donde el Eln y facciones residuales de las Farc están perpetrando atentados terroristas, asesinatos, secuestros, desplazamientos y confinamientos forzados de población, hostigamientos a la Fuerza Pública y una ola de extorsión sin precedentes.

Otro de los departamentos en donde la inseguridad y el desorden público campean es Chocó, escenario de siete ‘paros armados’ presionados por la guerrilla este año, con índices dramáticos de afectación a la población civil, sobre todo de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las tasas de homicidio están tan disparadas en Quibdó, que esta semana hubo una marcha para exigir a la delincuencia común y organizada que deje de asesinar. Entre tanto, en un consejo de seguridad ayer entre alcaldía, Gobernación y mandos castrenses y policiales determinó militarizar las zonas más peligrosas, sobre todo en las que actúan bandas criminales de alto espectro.

A todo lo ya dicho, habría que sumar alertas como las lanzadas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la ONU sobre el incremento del asesinato de líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos. Según Indepaz, este año ya son más de 117 víctimas. Adicionalmente, la ONG Global Witness denunció ayer que Colombia continúa siendo el país más peligroso en todo el planeta para los activistas medioambientales. De los 200 asesinatos el año pasado, 79 ocurrieron en nuestra nación.

Visto todo lo anterior, queda una vez más en evidencia que el Estado continúa perdiendo terreno ante la criminalidad en todo el territorio. Gobernadores y alcaldes lo denuncian día tras día, pero el Gobierno se muestra indolente y sordo ante sus reclamos. La tarea valiente de las Fuerzas Militares y de Policía es insuficiente para garantizar la vida, honra y bienes de la población. Los ceses el fuego y otras medidas derivadas de la confusa e improvisada política de “paz total” tienen peligrosamente restringida la operatividad castrense. En las ciudades, los hurtos y extorsiones son los delitos de alto impacto de mayor incidencia, a tal punto que crecen dramáticamente los casos de la mal llamada ‘justicia por propia mano’.

El diagnóstico es claro: el Gobierno no ha logrado implementar una política de seguridad y orden público eficiente. Por el contrario, parece obsesionado todos los días en proyectar mecanismos para tenderles la mano a los criminales, mientras la victimización de los civiles sigue aumentando en los territorios y el principio legítimo de la autoridad retrocede de forma alarmante.