A casi dos meses del fraude electoral de Venezuela, amplios sectores de ese país y de la comunidad internacional mantienen dolor, frustración y rabia por lo sucedido, pero no se vislumbra, a nivel local o externo, ninguna respuesta de peso para hacer respetar la voluntad de las urnas y poner fin a la criminal y ruinosa dictadura chavista. El mundo ha vuelto a ver las mismas tramas burdas, los mismos atropellos y los mismos protagonistas de siempre.

La derogatoria por parte del gobierno Biden de las principales sanciones contra Venezuela y el insólito gesto de liberar, el pasado diciembre, a Alex Saab, principal testaferro de los gobiernos chavistas y testigo clave en las causas contra sus cabecillas, dio alas a Maduro para convocar las elecciones el 28 de julio, el mismo día que su mentor, Hugo Chávez, habría cumplido 70 años. Estados Unidos no defendió la democracia y, por el contrario, otorgó al régimen de Caracas todas las facilidades para ejecutar su plan, despejando las rutas para volver a engañar a su pueblo.

Es claro que, ante la crisis petrolera por la guerra entre Rusia y Ucrania, Washington dio prioridad a la estabilidad energética de Estados Unidos y decidió mantener de su lado al país que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo, al costo de acercarse a un régimen cuyo líder y otros de sus máximos dirigentes enfrentan causas judiciales y tienen órdenes de captura de la propia justicia norteamericana por narcotráfico y otros delitos.

Otra vez se puso en acción la maquinaria diabólica ideada por Chávez para consagrar el secuestro de los poderes públicos en su país: la ‘justicia’ al servicio de la dictadura, inhabilitando y persiguiendo a los candidatos de oposición más opcionados; la autoridad electoral creando normas y regulaciones para inclinar la balanza en favor de Maduro; los escrutinios a puerta cerrada; el ‘apagón’ en las horas clave del conteo de votos; la brutal represión contra dirigentes y militantes de la oposición que protestaron por el fraude; y hasta la burda trama que terminó con el exilio del candidato opositor y ganador de los comicios, Edmundo González, en España.

Es repudiable e injustificable la pasividad de Biden frente a todo ello. Siendo promotor y garante del Acuerdo de Barbados, permaneció impasible ante las burlas e incumplimientos de Venezuela −desde el inicio mismo del proceso− y frente a todos los movimientos del macabro plan de Maduro: la inhabilitación de María Corina Machado; el veto a los cuatro millones de votantes en el exilio para que no participaran en las elecciones; la negativa a la presencia de veedores internacionales idóneos e independientes; y la imposición de reglas ventajosas para obstaculizar la asistencia de la oposición a las urnas, entre muchas otros. El secretario de Estado, Antony Blinken, reconoció el 1 de agosto la victoria electoral de González, pero cinco días más tarde fue obligado a rectificar con una desteñida declaración que invitaba al oficialismo y la oposición a “iniciar discusiones para una transición pacífica de regreso a la democracia”.

Medios como The Wall Street Journal han señalado el rol que desempeñan Chevron y las petroleras europeas Eni y Repsol −que están haciendo grandes utilidades en Venezuela−, junto con una importante maquinaria de lobby que financia el propio Gobierno venezolano con reconocidas firmas de Washington cercanas al Partido Demócrata, para evitar que vuelvan las sanciones y que haya respuestas y acciones contundentes contra Maduro. Todo ello acompañado por una acción política intensiva para el mismo fin que tiene entre sus principales protagonistas al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y a los mandatarios de México, Andrés López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.

Tan cerca de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre no se conocen tampoco pronunciamientos de fondo de los candidatos Donald Trump y Kamala Harris. Igualmente, ni en la convención republicana como tampoco en la demócrata se escuchó una sola palabra sobre Venezuela, algo insólito considerando la importancia de la problemática de la migración ilegal en la agenda de la potencia norteamericana. Se calcula que 850.000 venezolanos han entrado irregularmente a Estados Unidos durante la Administración Biden y se da por seguro que a corto plazo se intensificará el flujo de migrantes, lo que agravará las crisis que por esta causa hoy enfrentan Nueva York, Chicago y otras de las principales ciudades de ese país.

Los negocios están primero que la democracia, ese parecería ser el mensaje de la Casa Blanca. Cobraría vigencia una vez más la frase que se atribuye a John Quincy Adams, su sexto presidente: “Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes”.