Los retos de la ley de vigilancia
Mejorar calidad, prioridad nacional
La entrada en vigencia de la Ley de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior, que fue aprobada en tiempo récord en el Congreso con el fin de evitar crisis como la que afecta a la Universidad San Martín, plantea tres tipos de retos. En primer lugar, que ante la avalancha de demandas de inexequibilidad que ya se anuncian desde distintos sectores por los alcances de la norma, sobre todo en lo relativo a si se afecta el principio de autonomía universitaria, la iniciativa pase el examen de la Corte Constitucional. No será nada fácil ese proceso en el alto tribunal y desde ya es necesario preparar todo un arsenal jurídico para defender el fondo y la forma de la norma.
En segundo lugar es necesario que antes de comenzar a utilizar los nuevos “dientes” que la Ley da al Ministerio de Educación, se socialice y aclimate entre todos los actores del sistema de instituciones de educación superior, es decir, universidades e institutos técnicos y tecnológicos, qué permite y qué no la nueva norma. Sólo en la medida en que se tenga claro ese marco de acción, se podrá evitar que al menor problema en un claustro de inmediato se enciendan las alarmas y se exija por parte del estudiantado, los trabajadores o la opinión pública, la intervención del mismo. Si bien la Ley tiene como propósito principal garantizar el derecho de los estudiantes a la educación con calidad y continuidad en el sistema, la aplicación de cada una de esas amplias facultades preventivas, correctivas y de vigilancia requiere ponderación, objetividad y probada motivación. De lo contrario, las medidas que adopten se caerían en cuestión de poco tiempo, sobre todo en lo que tiene que ver con el margen sancionatorio a directivas e instituciones. Es claro que el Ministerio sólo podrá intervenir en aquellos casos en que sea evidente que una institución presenta anormalidad en la prestación del servicio o irregularidades en su funcionamiento, o cuando no cumpla, impida o dificulte la implementación de las medidas ordenadas por esa cartera para subsanar la situación.
El tercer reto que impone la nueva Ley se dirige a que esta es una herramienta más en un conjunto de medidas que se requieren en Colombia para mejorar la calidad de la educación, cuyo nivel, al tenor de los resultados de los estudiantes de secundaria en las pruebas estandarizadas internacionales, deja mucho que desear. No hay que olvidar que la última vez que se intentó introducir una reforma a fondo a la educación superior, el proyecto generó una protesta estudiantil que obligó al retiro de la iniciativa del Congreso para someterla a un largo proceso de concertación. Ese trámite se adelantó pero ahora en el Ejecutivo se considera que no hay necesidad de una modificación legislativa de fondo, sino que los ajustes que se requieren se pueden hacer por la vía de decretos, reglamentaciones y directrices del Ministerio respectivo y otras instancias del sistema en nivel nacional, regional y local.
Es claro que los avances que ha tenido Colombia en materia de cobertura del sistema educativo son envidiados en la región, como también los nuevos planes de incentivo y becas para que los bachilleres de menores recursos y los más pilos puedan ingresar rápidamente a la universidad. Pero es necesario profundizar en materia de calidad, sobre todo con respecto a la cualificación del recurso humano docente. Esa es una asignatura que pese a los esfuerzos de los últimos años aún permanece pendiente. Para ello es clave utilizar todas las ventajas de la irrupción de las nuevas tecnologías de información y comunicación en las plataformas de instrucción y enseñanza, campo en donde nuestro país es líder también.
Como se dijo, la entrada en vigencia de la Ley de Inspección y Vigilancia de la Educación Superior es una muy buena noticia para el país. Se requería con urgencia una herramienta de prevención e intervención de ese calibre. Ahora lo importante es aplicarla con acierto y ponderación, pensando siempre en que el principal elemento a proteger es, precisamente, el estudiantado. No en vano uno de los tres pilares del segundo mandato del actual gobierno es, al lado de la paz y la equidad, la educación.