Más que pertinente el anuncio de la Contraloría General en torno a que se realizará una evaluación de desempeño a las 57 cámaras de Comercio que hay en el país, que no solo cumplen un papel crucial en el tema de registro mercantil, formalización empresarial y dinamismo productivo, sino que, además, administran anualmente recursos por 1,1 billones de pesos, provenientes de aportes de sus afiliados y cobro de los servicios prestados.

En dicho estudio, que se confirmó en el marco del congreso de Confecámaras que terminó el pasado fin de semana en Cartagena, se evaluará si el impacto de la inversión de los recursos públicos a través de estas entidades se está traduciendo efectivamente en mejorar la formalización de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como aportando a la formalización del empleo, entre otros aspectos.

La idea es que en el primer semestre del próximo año se dé a conocer el resultado de esa evaluación de desempeño, de forma tal que si se encuentra alguna anomalía o asunto por ajustar, se pueda proceder a los correctivos del caso.

De hecho, el mismo ente de control fiscal indicó que en los dos últimos años se han vigilado los recursos de 49 de las 57 cámaras existentes. En ese marco, se llevaron a cabo alrededor de 60 actuaciones de control, con 34 hallazgos fiscales por más de 5.020 millones de pesos y 27 beneficios de auditoría por valor de 558 millones.

Así las cosas, un estudio más amplio es vital para determinar cómo está la situación en general de las cámaras de Comercio, ya que su gestión es clave para una radiografía precisa de la evolución de las unidades productivas en este país. No es un tema menor, sobre todo si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2024 se registraron un total de 174.937 empresas. 

No hay que olvidar que en el Congreso algunos parlamentarios de la centroizquierda han denunciado el rol de las cámaras de Comercio, cuestionando la forma en que manejan e invierten los recursos que recaudan, sus gastos en logística y nómina, así como presuntos casos de corrupción y desgreño administrativo.

Habrá, entonces, que estar atentos a los resultados del estudio de la Contraloría, más aún porque, según un acuerdo firmado entre el Gobierno y Confecámaras, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, las cámaras con mayores recaudos por concepto de renovación de matrícula mercantil deben destinar el 30 % de sus ingresos a la financiación de los programas de reindustrialización de las microempresas y unidades de la economía popular.