Una de las columnas vertebrales de cualquier país es la formulación e implementación de una Política Criminal de Estado sólida que le permita enfrentar de forma ágil y eficaz los fenómenos de delincuencia común y organizada que amenazan la seguridad y convivencia ciudadana. Esa premisa resulta de mayor prioridad para una nación que, como Colombia, es víctima de violencias cruzadas que han mutado a lo largo de las décadas.

Precisamente, en estos días hay una polémica de amplio calado alrededor de la Política Criminal de Estado, especialmente por el proyecto de reforma al Código Penal radicado hace dos semanas en el Congreso por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general de la Nación y la ministra de Justicia.

La iniciativa, según los titulares de las tres entidades, busca reducir la impunidad, garantizar una justicia penal más pronta y eficaz, así como asegurar en todo momento los derechos de las víctimas. En ese orden de ideas, el proyecto pretende ajustar el Sistema Penal Oral Acusatorio, disminuir los tiempos de los procesos y optimizar el funcionamiento del aparato judicial en general.

Uno de los principales aspectos es un redimensionamiento de la justicia premial, sobre todo bajo la tesis de que con el pasar de los años esta se ha ido restringiendo cada vez más a la hora de aplicar figuras de economía procesal, como los preacuerdos y principios de oportunidad. Esta circunstancia sería la causa de un aumento crítico en los índices de morosidad e impunidad judiciales.

En vista de ello, cifras en mano, la Corte, Fiscalía y Ministerio de Justicia consideran necesario un ajuste a la legislación penal que permita resolver los casos de manera más rápida y eficiente, incluso sin necesidad de llegar a juicio. Se evitaría así el alud de prescripciones, vencimientos de términos y la revictimización de los afectados por la acción criminal. Por eso el proyecto plantea conceder más beneficios por allanamientos de cargos, preacuerdos entre sindicados y Fiscalía así agilizar la aplicación del principio de oportunidad.

Sin embargo, menos de dos semanas después el citado proyecto se encuentra en el ojo del huracán, especialmente por la posibilidad de que, en el marco de los alivios penales, los culpables de delitos graves y atroces contra menores de edad sean beneficiados.

Los críticos ponen sobre la mesa tres argumentos de peso. En primer lugar, que en las últimas décadas la legislación colombiana sobre estos crímenes ha ido en la dirección contraria. Es decir, aumento de penas y restricción al máximo de beneficios penitenciarios como disminución de condenas, casa por cárcel o libertad condicional por cumplimiento de una parte de la pena, estudio, trabajo, buena conducta y otras causales de flexibilización. Incluso no han progresado proyectos que buscaban castigos más drásticos, como la cadena perpetua para violadores de menores, castración química, registro público de agresores sexuales y detención intramural obligatoria durante todo el proceso. Esto último porque constituyen un peligro para la sociedad, en especial para los niños y adolescentes, cuyos derechos son prevalentes.

En segundo lugar, hay expertos que advierten que antes de abrir la puerta a beneficios para agresores de menores, debe tenerse en cuenta que los delitos de asesinatos y heridas a niños, agresión sexual y violencia intrafamiliar están disparados. En ese orden de ideas, la respuesta del Estado no debería ser una flexibilidad penal.

Y, por último, pero no menos importante, está la oposición mayoritaria de las víctimas de estos delitos a cualquier trato favorable a los victimarios. Una discusión potenciada en medio de una dramática coyuntura que impactó a todo el país: el asesinato de Sofía, una menor de 14 años en Candelaria (Valle), a manos de un confeso homicida que, precisamente, estaba libre porque se habían vencido los términos procesales en otro caso en donde era investigado por abuso sexual de otra niña.

Debido a lo anterior, muchos congresistas, así como voces de distintos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales advierten que este tipo de rebajas envía un mensaje lesivo a la sociedad y contradice la premisa de que las víctimas son la prioridad. De hecho, la Procuraduría General se mostró ayer en total desacuerdo con alivios penales a los agresores sexuales de menores. Recalcó que la disminución de condenas no garantiza una agilización de los procesos judiciales ni evitará la interposición de recursos. Pero lo que sí haría es afectar la confianza ciudadana en la justicia, aumentar la sensación de impunidad y debilitar los derechos de las víctimas.

Como se ve, la Política Criminal del Estado está, una vez más, bajo la lupa. No es un debate fácil de dilucidar. La coyuntura tampoco favorece esta discusión, menos aún con tragedias como las de Sofía repitiéndose día tras día en Colombia.