En medio de la grave crisis política que afecta al Gobierno nacional, poco eco tuvieron esta semana las graves denuncias en torno al flagelo del reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales en Colombia.

Con ocasión del Día Internacional de las Manos Rojas, una fecha que busca sensibilizar sobre la prevención de este flagelo y evitar la participación de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados, las cifras que se dieron a conocer fueron impactantes y muestran que el país está aún lejos de superar esta problemática.

La Defensoría del Pueblo en su más reciente informe recalcó que el enrolamiento presionado de niños y adolescentes en actividades bélicas presentó un preocupante incremento en 2024, cuando 409 menores fueron víctimas de este delito proscrito por la legislación interna y el Derecho Internacional Humanitario. Hubo, en consecuencia, un aumento respecto a los 342 casos registrados en 2023.

La radiografía de esta dramática situación muestra una concentración de reclutamientos ilegales en ciertas regiones, particularmente en zonas históricamente azotadas por el conflicto armado. El Cauca, con 300 casos reportados, fue el departamento más afectado.

El informe indicó también que el ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias de las Farc, con el que el gobierno Petro mantuvo diálogos de paz –aunque hoy solo lo hace con una facción– fue el año pasado el grupo que reclutó más niños, niñas y adolescentes, con al menos 135 víctimas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas.

No menos grave es que en los últimos cuatro años la incidencia de esta conducta criminal creció en el 1.005%, al pasar de 37 casos en 2021 a 409 en 2024.

La persistencia de esta crítica realidad ya está llegando a extremos nunca antes vistos. Prueba de ello es lo afirmado por la ministra de Justicia, Ángela Buitrago, en torno a que algunos niños y niñas prefieren suicidarse a ser reclutados por los grupos armados ilegales. Se trata de una denuncia que debe tocar las fibras de la sociedad colombiana.

Estos casos se han registrado especialmente en el Chocó. Como se sabe, allí operan el Eln y el ‘Clan del Golfo’, entre otras facciones. Y es que no solo es el hecho de ser obligados a dejar sus familias e irse a portar armas y combatir, sino que los menores reclutados son sometidos a trabajos forzados, abusos sexuales y cuando intentan escapar o se rebelan, son asesinados cobardemente, constituyendo crímenes de lesa humanidad.

Visto todo lo anterior, el Estado colombiano está muy lejos de cumplir el mandato constitucional de proteger a los más débiles. Cuesta entender por qué en los accidentados procesos de paz en estos dos años y medio, el Gobierno no ha sido más enfático y determinante para exigir de los violentos que cesen su atropello a los menores, so pena de romper cualquier tipo de tratativa o suspenderles beneficios penales o políticos.