Crecen las alertas sobre las graves implicaciones de la reforma judicial que está impulsando el gobierno del saliente presidente de izquierda mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que permitiría que los jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.

La iniciativa estaba a punto de ser votada ayer por un Senado de mayorías gubernamentales, pero la sesión se suspendió cuando una turba de manifestantes se tomó las instalaciones del legislativo para exigir que el controvertido proyecto sea hundido bajo la tesis de que abriría paso a la politización de la justicia.

La izquierda no ha escuchado razones de nadie. Ni siquiera de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que esta semana advirtió que la propuesta, a la que solo le faltaba anoche un voto para lograr el apoyo suficiente y ser aprobada, constituía un intento claro de “demolición del poder judicial”.

De igual manera, las toldas gobiernistas tampoco han prestado atención a las advertencias de Estados Unidos y Canadá, sus principales socios comerciales. Pese a que los gobiernos norteamericanos advirtieron que la elección popular de los jueces y magistrados afectaría la seguridad jurídica y, por ende, el intercambio comercial y el clima de negocios, el mandato de López Obrador, que tiene mayorías en el Parlamento, sigue adelante.

Ni siquiera los llamados de los gremios y el sector privado a que el proceso se suspenda hasta que asuma la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre, han llevado a que el oficialismo paralice el trámite. Aunque el mandatario saliente y la entrante son del mismo partido y aliados políticos, hay quienes confían en que la nueva jefa de Estado sea más moderada y entienda las graves implicaciones de lesionar la autonomía judicial.

La ONU y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch también han alertado de la inconveniencia de este proyecto que, de ser aprobado, dejaría a México como el segundo país en Latinoamérica que da paso a la elección popular de funcionarios judiciales, después de Bolivia, otro gobierno de izquierda.

Si bien es cierto que el saliente mandatario tiene una alta popularidad, la opinión pública mexicana se encuentra dividida frente a este proyecto, ya que, si bien el Poder Judicial tiene una imagen bastante complicada en esa nación, sobre todo por recibir presiones de grupos ilegales o de factores de corrupción, abrir paso a la politización de la rama podría ser un salto muy peligroso al vacío.