En momentos en que la economía registra una descolgada muy fuerte, al punto que los pronósticos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto a diciembre apenas si llegan al 1%, nada más peligroso que enviar señales confusas a los inversionistas privados, sobre todo a los del sector de infraestructura que, junto a los del rubro minero energético, son los que más recursos movilizan a nivel nacional.

En ese orden de ideas, sorprende la forma, por demás improvisada y casi caprichosa, con que el actual Gobierno va sacando, cual mago, propuestas del cubilete sobre los más diversos asuntos de Estado.

Además de ser un modus operandi gubernamental que profundiza el clima de inestabilidad y la marcada percepción de ausencia de norte en la administración, la mayoría de esos anuncios imprevistos se hacen de manera general, con formulaciones discursivas sin mayores detalles ni especificaciones, evidenciando que son fruto de la coyuntura y posturas subjetivas que no han debatidas seria y profundo en el Ejecutivo.

El último ejemplo de este controvertido manejo de la cosa pública se dio este fin de semana con la sorpresiva propuesta presidencial en torno a la posibilidad de que la Nación entre a manejar la autopista Bogotá-Villavicencio, una de las principales infraestructuras viales del país, que se encuentra concesionada a un consorcio privado hace muchos años.

La nacionalización de la autopista no ha figurado en ninguno de los programas del Gobierno, el Ministerio de Transporte o la Agencia Nacional de Infraestructura. Tampoco está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo, principal bitácora cuatrienal. En ningún documento oficial de los últimos quince meses se ha mencionado la posibilidad de quitarle al concesionario privado la administración, operación y mantenimiento del corredor vial que conecta el centro del país con los Llanos Orientales.

Sin embargo, el Presidente puso sobre el tapete esa opción este fin de semana. Como es apenas obvio, la sorpresa y estupefacción fueron generales, generando múltiples debates y un rechazo gremial y de amplios sectores. Incluso el consorcio privado que maneja la autopista tuvo que precisar que ha cumplido con todos los requerimientos del contrato y no presenta problemas legales.

Considerar que la complejidad de este tramo vial, que continuamente registra suspensiones de tráfico por contingencias climáticas y geológicas de distinto orden, se va a superar por el solo hecho de que la autopista sea manejada por la Nación, resulta ingenuo. Urgen soluciones de fondo y no propuestas improvisadas. Poner en peligro el modelo de concesiones viales resulta un claro despropósito, afecta la seguridad jurídica y espanta la inversión.