*Washington y Bogotá
*Avance en derechos humanos
Las recientes críticas del Departamento de Estado en Washington a la impunidad en materia de violación de los derechos humanos en Colombia se explican en parte por cuanto no estamos en Suiza, sino en un país que libra una guerra antigua y fratricida, en donde casi a diario caen muertos o heridos de ambos bandos. Es de anotar que el Departamento de Estado en el mismo informe reconoce los esfuerzos del Gobierno de Juan Manuel Santos y su ministro Juan Carlos Pinzón, para fomentar entre las Fuerzas Militares que combaten a los terroristas, el respeto a la vida humana y los acuerdos de Ginebra al respecto. Son frecuentes los episodios en los que los soldados después de un combate en el que han caído varios de los suyos controlan su ímpetu bélico y, respondiendo a las enseñanzas humanitarias que han recibido, protegen a los heridos de la guerrilla y hasta les aplican los primeros auxilios para evitar que se desangren o mueran. La enseñanza moral que reciben los soldados colombianos busca formar un combatiente eficaz y valiente, que opere técnicamente en la lucha y evite caer en excesos que inducen a violar los derechos del otro.
Los militares nuestros son civilistas por formación y convicción, en un país distinto al nuestro, cuando el Ejército se tomó el Palacio de Justicia para rescatar a los magistrados y rehenes del M-19, un oficial al mando de la tropa victoriosa no diría que estaba defendiendo la democracia sino que habría seguido con sus tanques al Palacio Presidencial como en un caso similar hubiese podido ocurrir en los 80, por ejemplo, en Argentina. Esa es una muestra espontánea del sometimiento a la autoridad civil de los soldados aun en circunstancias excepcionales y de gravísima perturbación del orden público. En la historia del Ejército colombiano el heroísmo y la nobleza han sido valores de la institución, el odio y la codicia que llevó a los excesos de unos pocos casos de falsos positivos son la excepción. Con la educación que se les imparte hoy a los soldados situaciones como esas no se repetirán, dado que el profesionalismo con que se actúa impide que se transgredan los códigos en tiempos de combate. Una cosa es defender por medio de las armas el orden y la integridad de la República y, otra muy distinta, degenerar en la barbarie.
El estigma de las ejecuciones extrajudiciales se viene superando. Esas ocurrencias fatales de represión excesiva y extralimitación de funciones, por desgracia son recurrentes en tiempos de guerra interna o externa. No es fácil que el soldado actúe con la misma precisión de un cirujano que procede con el bisturí amparado en la seguridad de una sala de operaciones, pese a lo cual en medio del fuego adverso las tropas elite de Colombia y sus comandos son capaces de dar golpes de una precisión sorprendente y casi milimétrica contra los alzados en armas, como lo han demostrado en operaciones de rescate de secuestrados y protección a la sociedad civil. Puesto que gran parte de las violaciones de los derechos humanos no corresponde a excesos de las Fuerzas Armadas, sino a los ataques indiscriminados de los agentes del terrorismo en las aldeas y zonas de la periferia, que todavía son víctimas de disparos y atentados a mansalva. Y no está de más recordar que se libra una guerra por cuenta de sectores anacrónicos del marxismo - leninismo que pretende instaurar por la violencia un Estado socialista o comunista, pese a que cayó la cortina de hierro y el Muro de Berlín, símbolos del comunismo de la guerra fría y que en la otrora China de Mao, proclama el respeto a la propiedad privada y las reglas de juego del neocapitalismo.
Señala el documento del Departamento de Estado que algunos de los delitos que se cometieron por agentes del Estado como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, colaboración con grupos paramilitares, tortura y maltrato de prisioneros, en algunos casos los procesos se han dilatado y se observa un alto grado de impunidad. En varios de esos procesos se han encontrado falencias en las investigaciones, debilidad probatoria, testimonios falsos y desviación de las investigaciones, que obligan a replantear los procesos por cuanto es preciso castigar a los culpables y dejar en libertad a los inocentes, particularmente, en lo que se refiere a los casos de omisión que dan pie a fallos que riñen con el objetivo de impartir justicia.
Se reconoce en el informe del Departamento de Estado el empeño del Gobierno colombiano por enjuiciar y castigar a los responsables de los abusos, “incluidos los miembros de la fuerza pública”. Esto a pesar de que los soldados en diversos casos han sido juzgados por civiles, cuando demócratas de la calidad de Alberto Lleras en su famosa intervención del Teatro Patria, que se refiere al papel de los militares en la sociedad defendió con elocuencia el fuero militar.