*Ignora evolución de este servicio y sus necesidades
*Se pierde oportunidad de mejorar calidad y cobertura
Uno de los problemas más antiguos y graves de Colombia es que su sistema educativo está desconectado de las necesidades del desarrollo e ignora las dramáticas transformaciones que la ciencia y la tecnología han suscitado en el mundo actual. Prueba palmaria de ello es que uno de sus componentes principales, la educación superior, está reglada por una ley que tiene 30 años de antigüedad, de la cual emanan múltiples y muy costosas ineficiencias.
Otro aspecto inquietante es que, aunque Colombia invierte año tras año un porcentaje alto del PIB en educación, el esfuerzo no se traduce en mejoras sustantivas en la calidad, en no poca medida por la captura del sistema por sindicatos sectoriales que han trazado una estrecha alambrada en torno de los recursos, para destinarlos mayoritariamente a un eslabón de la cadena y a satisfacer sus exigencias laborales. También han sido inflexibles en impedir evaluaciones serias del desempeño de sus afiliados, indispensables para lograr mejoras en la calidad de la educación básica.
Estos problemas, ampliamente estudiados y debatidos desde distintos ámbitos, podrían empeorar notablemente si se llegara aprobar la reforma educativa presentada por el gobierno Petro en la actual legislatura, a través de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.
Sorpresivamente, el Ejecutivo no presentó uno, sino dos proyectos de ley. El primero, de carácter estatutario, busca convertir la educación en un derecho fundamental. El sistema vigente se ha mantenido con sobresaltos, pero con estabilidad, con base en lo que dispone la Constitución en materia educativa y en los dictados de la Ley General de Educación. Si bien la modificación parece a primera vista atractiva, es necesario comprender que requiere de una financiación calculada y suficiente para asumir las enormes obligaciones e inversiones en talento humano, equipos e infraestructura que se necesitan para garantizar la universalización y para atender las exigencias en temas clave de acceso y calidad. De no ser así, el sistema educativo se podría convertir en una fuente de tutelas y acciones judiciales, más amplia y constante que el de salud.
De hecho, el desastre de esta reforma a la Ley 30 de 1992 comienza por la evidencia de que no tuvieron mínimamente en cuenta recomendaciones y conclusiones de múltiples estudios disponibles, realizados por grandes expertos en la materia, como la Comisión de Sabios de 1994 o la de 2019, o el reciente Diálogos de Futuro, de la Universidad Javeriana y Connect, en el cual trabajaron durante dos años 80 personas de 19 instituciones de educación superior, 380.000 estudiantes y los gremios empresariales, en busca de caminos y opciones para que los colombianos tengamos “una formación integral, transformadora, innovadora, de excelencia, interdisciplinaria y de calidad”.
La digitalización, el desarrollo de la inteligencia artificial y la globalización han creado en los 30 años de vigencia de la Ley 30 grandes retos a las universidades y a la humanidad en materias como innovación, ciencia y tecnología, y emprendimientos. En lo que, ciertamente, Colombia se encuentra rezagada. Se marchitaron los viejos esquemas y fueron sustituidos por programas de educación continua o por cursos de corta duración.
Desde esa perspectiva, a la reforma que persigue el Gobierno le falta ambición, visión, estrategia, complejidad y futuro. Está reducida a temas burocráticos, si se quiere de poca monta, algunos de los cuales, como la desaparición de las pruebas de Estado, la reducción del ámbito de actividades del Icetex o la ignorancia deliberada de los intereses fundamentales de las IES privadas, podrían ocasionar más estragos que beneficios. En suma, no se trata de una reforma a la educación, sino una limitada a aspectos burocráticos, sindicales y tangenciales que no tocan el núcleo de la problemática.
Por eso la reforma educativa planteada ha merecido el rechazo de casi todas las asociaciones, las instituciones de educación superior, los rectores y los formadores de opinión expertos en el tema. No es un pulso político de la hora ni otra de las tantas polémicas de la polarización política que padece el país. Se trata de no desaprovechar una extraordinaria oportunidad para actualizar y fortalecer el sistema educativo para que sea el instrumento de promoción social, económica y cultural que necesitan las actuales y futuras generaciones. No sería penoso, sino encomiable que el Gobierno baraja de nuevo e iniciara el proceso de construcción de un nuevo proyecto que integre el estado del arte sobre el tema y a los verdaderos expertos en educación.