*La prensa perseguida
*Quieren eternizarse en el poder
La persecución a los medios de comunicación por parte de los gobiernos que pretenden encauzar y oficializar la opinión pública se ha convertido en una de las peores y repetitivas pesadillas de la libre expresión en varios países de Hispanoamérica. Los gobiernos que están por perpetuarse en el poder bajo un esquema populista y de exaltación del gobernante de turno, se esfuerzan en perseguir a la prensa y los canales de televisión que no les son adictos. Una cosa es persuadir a los escritores públicos, tener coincidencias con ellos, tratarlos bien y con respeto, otra muy distinta comprarlos, amenazarlos y perseguirlos. Así como pretenden que la radio se convierta en una simple empresa de resonancia de los comunicados oficiales. Ya no se trata de enviar patrullas armadas que asaltan las redacciones y amenazan a los escritores públicos, se valen de leyes que hacen aprobar en asambleas que controlan de forma mayoritaria, no siempre por medio de una mayoría limpia en elecciones libres, se suelen emplear golpes bajos para desaforar a los parlamentarios que no les son adictos y sacarlos del juego, mediante órdenes de captura expedidas por jueces que siguen la línea del Poder Ejecutivo. También, se estila copar o cerrar las instituciones elegidas en democracia para formar mayorías artificiales que aprueban lo que disponga el amo de turno. En Ecuador la Ley de Comunicación, que aprobaron los parciales de Rafael Correa, ha convertido el ejercicio periodístico en uno de los más peligrosos y para los empresarios del ramo verdaderamente ruinoso.
Correa dispuso que los medios audiovisuales sean regulados por el Gobierno, “en defensa de los intereses de la comunidad”. Lo que facilita que se incoen juicios contra los periodistas y los medios, que de forma sumaria pueden derivar en órdenes de prisión y en cuantiosas e impagables multas, que de no pagarse les cuestan la libertad a los supuestos culpables. Los que en diversas ocasiones deben salir al exterior, que en el fondo es lo que desean los sectores oficiales que pretenden acallar a los periodistas más leídos que se expresan de manera independiente y veraz. La verdad y la información imparcial se convierten en ofensivas para los que reclaman incienso de los medios. El año pasado la Corte Nacional de Justicia condenó al legislador de oposición José Cléver Jiménez por injuriar al Jefe de Estado, con una injusta pena de 18 meses de prisión y le exigió que le presentara disculpas públicas. Al tiempo que estableció que lo debía indemnizar con 140 mil dólares, fuera de pagar las costas del juicio amañado. Los empresarios que invierten en Ecuador en medios de comunicación se convierten en ciudadanos de segunda, puesto que no pueden tener capital en otras actividades comerciales lícitas. Lo que los degrada en unas aves exóticas destinadas a la quiebra. Como le acaba de pasar al Mono Mantilla propietario de Hoy, un prestigioso diario con más de tres décadas al servicio de los ecuatorianos, que no saldrá más impreso y seguirá por Internet. Los medios independientes carecen de garantías democráticas, les niegan la publicidad oficial, lo mismo que se persigue a los periodistas y empresarios del sector, para eliminar sistemáticamente a la prensa libre.
Por publicar un artículo crítico contra el régimen el medio y el autor pueden ser tratados como terroristas, la ley penal es tan laxa que por cualquier motivo se puede multar o castigar al opositor, con fundamento en disposiciones de jueces venales y leyes que por su elasticidad permiten que se transgreda el derecho a opinar.
Los escritores son perseguidos y encarcelados, se descalifica a los caricaturistas hostiles al Gobierno. Con fundamento en el artículo 56 de la ley Orgánica de Comunicación, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en una intervención en cadena por los medios televisivos y radiales, exigió que el caricaturista que se burlaba de su “dignidad”, se le allanara la vivienda y le persiguieran, dizque por corrupción. El presidente Correa sostuvo que el caricaturista Villavicencio era en realidad un corrupto y que se valía de los medios para encubrir sus actividades. Cargo que también le hizo al legislador Cléver Jiménez. Y lo peor es que la justicia les exige que presenten la prueba diabólica para refutar al Jefe de Estado.
El doble juego y la razón de ser de la feroz persecución a los medios saltan a la vista, cuando la población se entera de que el gobernante está por hacer aprobar de su jauría de legisladores, una ley por medio de la cual se puede eternizar virtualmente en el poder. Evo Morales en Bolivia y otros por el estilo están en el mismo cuento, según el modelo familiar cubano.