Comenzó el 2025 y de inmediato el valor de muchos productos, bienes y servicios empezaron a aumentar. No solo de aquellos controlados o regulados por el Estado, como los combustibles, peajes y tarifas multisectoriales, sino que, en el comercio, la industria y otros rubros de la llamada economía real también arrancó un reajuste casi que automático en los precios.

Aunque las autoridades, de este y anteriores gobiernos, siempre prometen que van a vigilar que no se presenten alzas exageradas en muchos rubros de la canasta familiar básica, lo cierto es que esas advertencias rara vez se concretan en sanciones o correctivos a los nichos económicos que encarecen sus precios más allá del porcentaje de aumento autorizado al salario mínimo mensual, así como de la inflación causada.

De hecho, no deja de llamar la atención que en muchas ciudades capitales las tarifas de los servicios de transporte público masivo de pasajeros están incrementándose por encima del índice de costo de vida y están tomando como referencia el reajuste del sueldo básico. A su turno, algunas voces del rubro de transporte de carga han advertido que los fletes deben subir en el equivalente al impacto en la canasta de costos e insumos sectoriales que tengan las alzas en tarifas de peajes y combustibles.

Preocupa, igualmente, que en muchas tiendas, supermercados, plazas y comercios de víveres y otros productos desde ayer mismo subieron los precios, pese a que se trata de mercancías que están en inventario y stocks de abastecimiento desde finales del año pasado.

¿Quién controla que este encarecimiento general de productos, bienes y servicios esté acorde con los incrementos autorizados por instancias oficiales o que, en el caso de los no regulados, no incurran en abusos, acaparamiento o incluso usura?

Es claro que estamos en una economía de mercado, en donde los valores de los productos fluctúan acorde con los ritmos de la oferta y la demanda. No se trata, entonces, de pasarnos a una economía intervenida. En modo alguno. Sin embargo, resulta claro que una libertad absoluta para fijar precios es muy riesgosa, ya que conduce a una cadena de carestía que, al final de cuentas, termina por afectar a las personas más pobres.

Es imperativo que se activen mecanismos de monitoreo preventivo a los precios, sobre todo porque un pico alcista en los productos, bienes y servicios de mayor demanda podría revertir la tendencia a la baja de la inflación en el último año y medio.