En momentos en que en la plenaria de la Cámara de Representantes se está llevando a cabo el segundo debate al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno, continúan escuchándose campanazos sobre la necesidad de ajustar esa iniciativa a la realidad del mercado laboral en Colombia.

Ya la mayoría de los gremios de la producción han encendido las alarmas en torno a los alcances de la señalada iniciativa, sobre todo en cuanto a que algunos de sus artículos en lugar de aumentar la formalización laboral, tendrían un efecto contrario: dispararán la informalidad y los trabajos a destajo, comúnmente llamados ‘rebusque’, ya que tanto empleados como empleadores no cotizan al sistema de seguridad social.

Ya esta semana, en el marco de una audiencia pública en la plenaria, se escucharon múltiples voces de congresistas, expertos laboralistas, centros de estudios económicos y académicos, la mayoría de las cuales coincidió en que es necesario modificar el articulado, ya que varias de sus propuestas afectan la calidad y el volumen de generación de empleos estables.

A todo lo anterior se suman las conclusiones de un estudio adelantado por la Contraloría General, denominado “Flexibilización de la vinculación laboral (Empleo Atípico) en Colombia: una revisión sobre algunos de los modelos actuales”.

La investigación encontró que las diferentes modalidades de empleos atípicos analizadas ayudan a disminuir las cifras de desempleo e informalidad, permitiendo la inserción laboral legal de jóvenes y mujeres a los contextos del mercado de trabajo colombiano. Sin embargo, esta flexibilidad laboral viene acompañada en la mayoría de los casos de una disminución de garantías y derechos, en el marco de lo que se considera trabajo digno y decente, aspectos sobre los cuales se ha mostrado deficiente la gestión del Estado para ejercer una debida inspección, vigilancia y control.

También se encontró que figuras como la tercerización y la intermediación laboral están bajo Inspección, Vigilancia y Control (IVC) del Ministerio de Trabajo para impedir el abuso de estas modalidades atípicas. Aun así, el estudio mostró las debilidades del Estado para garantizar los derechos de los trabajadores de las modalidades de empleo atípico.

Otro aspecto clave fue el relativo a los contratos de prestación de servicios. Se dijo que es una figura que requiere una mejor regulación, dada la poca estabilidad que ofrecen y donde se traslada toda la carga de la seguridad social al contratista y se le niegan otras condiciones relacionadas con el empleo decente y digno, tales como vacaciones y primas.

La Contraloría pidió al Congreso tener en cuenta este estudio con el fin de ajustar la legislación laboral que está en trámite parlamentario.