La industria minero-energética en Colombia atraviesa una de sus coyunturas más difíciles, no solo por la accidentada política gubernamental enfocada en el marchitamiento rápido de la exploración y explotación de combustibles fósiles y una transición energética improvisada, sino porque muchos proyectos extractivos se encuentran en vilo por problemas de licencias de distinto tipo y consultas previas con las comunidades.

Hace unas semanas generó un alud de reacciones el anuncio de que varios proyectos de energía eólica que se pensaban construir en La Guajira por parte de la empresa privada tuvieron que suspenderse, primero temporal, pero ahora definitivamente debido a problemas con las comunidades indígenas circundantes y procesos de consultas previas.

También impactó que en los últimos meses algunas compañías petroleras han tenido que frenar operaciones o abandonarlas de forma permanente en algunas regiones por presiones de comunidades e incluso de grupos armados ilegales.

No deja de llamar la atención este tipo de circunstancias, sobre todo porque cuando el Gobierno indicó que no se firmarían nuevos contratos de exploración y explotación petrolífera, gasífera o de carbón, señaló que no estaría en peligro la autosuficiencia ni la soberanía energética por cuanto el énfasis se haría en reactivar una cantidad sustancial de proyectos que estaban paralizados por distintas razones, especialmente por problemas de licenciamientos y consultas previas con comunidades étnicas.

A todo lo anterior, hay que sumar lo advertido la semana pasada por la Procuraduría que urgió al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la necesidad de “tomar decisiones oportunas” sobre el trámite de la licencia ambiental para adelantar el proyecto denominado “perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1 Caribe colombiano”.

El ente de control disciplinario denunció que el pasado 23 de agosto se cumplió la fecha límite para tomar las disposiciones necesarias que permitan explorar el único pozo de gas offshore (costa afuera) con que cuenta el país.

No hay que olvidar que debido a la caída en la producción nacional de gas Colombia perdió la autosuficiencia que tenía en este combustible y ahora será necesario importarlo, lo que impactará el bolsillo de los colombianos porque el comprado en el exterior es más caro.

Queda claro, entonces, que es imperativo que el Gobierno cumpla con su promesa de ayudar en la reactivación de los contratos de exploración y explotación de productos minero-energéticos. De lo contrario, no solo se terminará la importancia del gas, sino del petróleo en un corto lapso.