La solución real a un problema parte de atacar sus causas más que sus consecuencias. Bajo esa óptica, debe analizarse el alarmante informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU sobre la crisis colombiana.
Es claro que el Estado debe trabajar más para garantizar la protección de la vida y demás derechos fundamentales de la población, esto ante la evidencia de que “la violencia perpetrada por grupos armados no estatales y organizaciones criminales en Colombia continúa arruinando la vida de las personas y desgarrando el tejido social en comunidades de todo el país”.
Ahora, enfrentar esa crisis humanitaria pasa obligatoriamente por una reforma a fondo de la estrategia de seguridad y orden público. Como lo hemos reiterado en estas páginas, el rebrote de la violencia común y organizada en muchas zonas es una consecuencia directa de las falencias de una política gubernamental que no solo ha limitado la operatividad de las Fuerzas Militares y de Policía, sino que, en conjunto con los contradictorios y accidentados lineamientos del modelo de “paz total”, han permitido que los grupos armados ilegales se fortalezcan, deriven más recursos de las economías ilícitas e incluso combatan entre sí por el dominio de corredores delincuenciales, como ocurre en Catatumbo y Chocó. Incluso, la Defensoría acaba de advertir que estas facciones criminales operan hoy en el 73% de los municipios y dispararon la victimización de la población civil.
No sorprende, entonces, que la ONU advierta que los “grupos armados utilizan la violencia para ejercer control sobre la población, promoviendo sus propios intereses económicos y socavando la gobernabilidad. Esta situación afecta desproporcionadamente a los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos”.
La prioridad, entonces, es clara: urge primordialmente que el Estado Social de Derecho vuelva a regir en esas zonas regiones. La Oficina del ente multilateral señala que la protección de la población debe ser un elemento central en las negociaciones del Gobierno con los actores armados no estatales. Sí, claro. Pero le asiste aún más la razón cuando señala que es prioritario “garantizar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano y el acceso irrestricto a las zonas donde operan estos grupos es esencial para garantizar los derechos de todas las personas, esto incluye impedir el reclutamiento de niños menores de 18 años y asegurar la liberación inmediata de aquellos que ya están bajo el control de grupos armados”.