* Leyes contra la democracia
* Quieren amordazar a los medios
Al conseguir la presidenta Cristina Fernández sus objetivos electorales por la reelección con amplio margen de apoyo popular, pese a las denuncias que llovieron desde la oposición respecto de la descarada intervención oficial para conseguir votos, se llegó a especular sobre una eventual luna de miel del oficialismo con los medios de comunicación. Y la señora Kirchner mantuvo discreto silencio por unos días lo que dio pie a pensar que la reflexión y la sensatez, prosperaban en su ánimo. Se trataba apenas de ingenuas especulaciones, de improviso funcionarios del Gobierno salieron a opinar que la recién aprobada ley contra el terrorismo se podía emplear contra los medios de comunicación. José Sbatella, titular de la Unidad de Investigaciones Financieras, aseguró que la flamante y polémica ley antiterrorista permitiría acusar de terrorismo a los medios frente a “un presunto golpe de mercado”, lo mismo a “los que provoquen una corrida cambiaria u otra medida especulativa que golpee a un gobierno”. Así que de manera subjetiva, según la opinión oficial se podrían ver los periodistas envueltos en líos con la justicia y demandados o encarcelados, por difundir noticias que según la interpretación oficial atenten contra ellos o su difusión tenga efectos económicos. Lo que significa en la práctica que se conculca la libertad de expresión y Argentina podría convertirse en un país amordazado.
La espada de Damocles de la ley antiterrorista aprobada por el Congreso de madrugada y de manera sorpresiva, con apoyo de la bancada gobiernista, al ser difundida armó casi de inmediato un resonante escándalo que indignó a la opinión pública al conocer apartes del texto aprobado, que según como se le interprete puede dar lugar a persecución, vejámenes y prisión de los informadores públicos, lo que es un golpe mortal contra el derecho a ser informado que tienen los ciudadanos de ese país, por vivir en una democracia. A tal punto llegó el descontento que el ministro Florencio Redazzo, de la línea dura del Gobierno contra la prensa, salió a explicar que no se va utilizar la ley recién aprobada por el Congreso para acallar a los medios de comunicación, posibilidad que miembros de la magistratura consideran un disparate y atentado al Estado de derecho. Lo cierto es que la ley ha sido aprobada y un cierto escalofrío recorrió la espina dorsal de los periodistas que han sufrido en carne propia la feroz persecución de las dictaduras.
Es de esperar que la señora Cristina Kirchner intervenga y desvirtúe el decir de sus funcionarios, mientras se actúa legalmente para salvaguardar la libertad de prensa amenazada en dicha ley, lo mismo que la dignidad de las personas y de los argentinos que disientan del gobierno de turno.
En otra ley severamente cuestionada aprobada por el congreso se busca convertir a Papel Prensa, que se ocupa en la venta de papel periódico, en una especie de entidad oficial, con poderes discrecionales para suministrar dicho producto a los amigos del Gobierno y dejar por fuera a los diarios que discrepen o no les gusten. Atentado contra la libre expresión que no es nuevo en nuestra región y que varias dictaduras emplearon en el pasado para asfixiar a los diarios. Apenas en unos pocos días y sin mayor ruido se aprobó por los legisladores gobiernistas un texto que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios y revistas. Y por si fuera poco, se le da un golpe bajo a la propiedad privada al aprobar que por la fuerza de la ley el Estado pase a ser propietario de Papel Prensa, la empresa que manejan los dueños de El Clarín y La Nación, que han sufrido la constante persecución oficial y son símbolo en Hispanoamérica de la lucha por la libertad de expresión. Según los directivos de dichos diarios la ley atenta no solamente contra el derecho a la libre información, sino que viene a desquiciar la legitimidad de la propiedad privada.
Y como para que no quedara la menor duda de que desde las altas esferas del Gobierno se intenta amedrentar y acallar a los medios de comunicación, un nutrido grupo de gendarmes se tomó por asalto y sorpresa las instalaciones de Cablevisión del grupo Clarín, dizque por presunta expansión monopólica. Por lo que se obligaría a dicha empresa a dividirse, cuando se supone que en Argentina existe la libre empresa. Todo lo cual muestra que existe un deliberado plan para sofocar a los medios con leyes injustas y que pisotean la razón misma de la democracia y los derechos humanos, al criminalizar el ejercicio de informar a la población.