En  Colombia casi que no hay día en el cual no se  invoque la seguridad jurídica como fundamento esencial del Estado y para garantizar que todos vivan al amparo de la ley y el orden. En todas las legislaturas, sin excepción, los parlamentarios de distintos partidos e ideologías anuncian sabias propuestas para modernizar el aparato judicial y favorecer a los funcionarios de esa Rama. Los filósofos más profundos sostienen que en gran medida la razón de ser del Estado es facilitar un gobierno en el cual el poder judicial tenga la suficiente independencia para actuar contra los que delinquen, incluso cuando se trata de funcionarios que prevarican.

En la Carta de 1991 se consagró la creación de la Fiscalía General, una antigua ambición que Álvaro Gómez había defendido en sugestivos editoriales en El Siglo y que con su elocuencia consigue cristalizar en el nuevo texto constitucional, con el apoyo de las mayorías de distintos partidos. El objetivo no era otro que combatir los atroces delitos cometidos por las mafias, que se escudaban tras las fortunas ilícitas y las bandas de sicarios que asesinaron a políticos, magistrados, jueces e integrantes del Ejército y la Policía.

En los archivos de la Asamblea Constituyente están las elocuentes intervenciones del dirigente político conservador, en las que quedó fijada para la historia su vocación de defender la civilización, la democracia y la justicia. Al repasar esos textos en estos días navideños se agiganta su perfil y se define lo que lo singulariza ante la historia: era un guía de la Nación, de la patria, al servicio de toda causa justa que sirviese para la cultura y el desarrollo. Sin importar la naturaleza de la crisis, Álvaro Gómez solía encontrar la fórmula que más le convenía al país para salir del bache. Por lo mismo tenía obsesión por modernizar y hacer más eficaz el desempeño judicial. En la Fiscalía, cuando se haga justicia sobre su magnicidio, que hoy permanece en la impunidad, se debe honrar su nombre.

No se limitó la acción del estadista conservador a propiciar la creación de la Fiscalía, también se ocupó en apoyar la innovación del Consejo de Judicatura. Se trataba de una institución concebida para juzgar a los jueces y magistrados, que es donde debe empezar el verdadero magisterio judicial pues se demuestra allí que la ley no es solamente para los de ruana. Por desgracia la primera Corte Constitucional, en un hecho que linda con el prevaricato, le quitó, al resolver una acción de tutela, esos poderes al Consejo de Judicatura, que quedó reducido a un papel menor así como a manejar los fondos de la Rama. Al dislocarse así el proyecto de Álvaro Gómez para fortalecer el imperio de la ley, el sistema judicial, dividido en varias cortes, a veces con intereses antagónicos, viene dando golpes de ciego y retrocede cada día.

La peor prueba de la decadencia del sistema judicial en Colombia es la huelga que lleva más de dos meses. Pareciera, incluso, que algunos de los constantes asesinatos y la aparición funesta de los sicarios en distintas ciudades, tienen que ver con la parálisis de la justicia. Ello porque elementos desquiciados resuelven sus pleitos acudiendo a matones, en vista de que los tribunales no funcionan.