* La Empresa de Servicios Públicos de Bogotá
* Reforma administrativa de amplio espectro
Nadie dudaría en el país de que un modelo de servicios como las Empresas Públicas de Medellín ha sido plausible y exitoso. La creación de una compañía de semejante tamaño, manejada con tino y acierto por los mejores exponentes de la capital paisa, le ha permitido durante décadas consolidarse como líder empresarial y surtir las necesidades sociales, generando reinversiones de alta envergadura e indudables réditos a la sociedad.
Desde los inicios de la campaña del actual alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, se publicó, como lo hicieron todos los aspirantes, un programa de Gobierno puntual y detallado que aún puede consultarse en la Internet y tendrá obligatoriamente que ser la base central del Plan de Desarrollo distrital. Es lo que en términos constitucionales se conoce como el voto programático que exige que las promesas y propuestas de alcaldes y gobernadores se lleven a buen término. De lo contrario, pueden ser sometidos a revocatoria del mandato de acuerdo con los mismos términos señalados en la Constitución. Quiso así la Constituyente de 1991, precisamente, acabar con el promeserismo y poner disciplina institucional entre la teoría y la práctica.
De acuerdo con todo lo anterior, Petro sostuvo y sostiene en su Plan de Gobierno, bajo el rótulo de Progresistas que “impulsaré la creación de la Empresa de Servicios Públicos de Bogotá (EPB) que integrará las diversas empresas de Servicios Públicos del Distrito en una sola gran empresa, la EPB, a manera de holding, dirigida a fortalecer una institucionalidad pública, coordinar la inversión de la ciudad y reducir costos y tarifas, así como a unificar la política de subsidios a los usuarios. Estas acciones se orientan a abaratar los costos en beneficio de la economía popular. La nueva gran empresa unificada de servicios públicos será un instrumento de coordinación y dirección de política, de planificación de recursos, decisiones y utilidades”.
El alcalde Petro está, ciertamente, comprometido con la ciudadanía a llevar a cabo su propuesta. De lo contrario, sería objeto -como se dijo- de la revocatoria del mandato. No puede ser, pues, fruto de su insistencia en lo que dijo en la campaña, elemento para acusarlo de hostilidad alguna con las empresas distritales de servicios. Ni tampoco aducir que el precio de la acción de la Empresa de Energía ha perdido valor, cuando el descenso viene de hace varios meses, en equivalente al 30%. De manera que no deja de ser curioso que se pretenda ahora, en cabeza de la alcaldesa encargada, advertir sobre un proceso que estaba anunciado desde hace tiempo. De hecho, nadie ha dicho de la nueva Holding no pueda tener capital privado, ni tampoco que los actuales inversionistas dejen de ampliar sus participaciones.
Habrá que estudiar con detenimiento, desde luego, cuál va a ser el proceso de creación de la Holding de Servicios Públicos. Existe, precisamente, un ejemplo en lo hecho en Medellín, pero pueden tomarse diferentes alternativas. Hoy casi todas las empresas privadas colombianas que prestan diferentes servicios a los consumidores suelen asociarse en una Holding central, lo que significa de suyo mejor prestación de los servicios, reducción de nóminas, sinergias, mayor productividad y claridad en las inversiones y réditos, así como abaratamiento de costos y mejor control de gastos. Y estará en manos de los debates en el Concejo Distrital adoptar la mejor de las opciones. No se trata en modo alguno, de tener resquemores con la libertad de empresa. Por el contrario, se trata de usar los mecanismos contemporáneos para generar economías de escala y servir mejor a los usuarios.
Es un hecho conocido, de otra parte, el sobredimensionamiento sufrido por la Empresa de Acueducto, lo mismo que las dificultades de la Empresa de Teléfonos. La primera tiene que ser reducida a sus justas proporciones, luego de haberla expandido innecesariamente. La segunda, sin duda alguna, deberá transformarse en la gran operadora de servicios integrados de telecomunicaciones, bajo la óptica de las tecnologías de información y comunicación (TIC), a precios razonables.
A nuestro juicio una de las grandes fallas del Distrito en los últimos años, que ha llevado incluso a la corrupción, ha sido una Reforma Administrativa que resultó fallida. El cambio en las empresas de servicios públicos de Bogotá es sólo un aspecto de lo que por su envergadura en el tema de obras públicas y relaciones internacionales, por ejemplo, debería tener mucho mayor alcance. Y ello no puede tildarse de capricho ideológico, sino de necesidades perentorias para una ciudad cuya estructura administrativa requiere una honda cirugía.