•La estrategia operacional
•Fuero militar, una prioridad
EL relevo en el Ministerio de la Defensa, el primero que se efectúa en el gabinete gubernamental, no sorprendió al país político y la opinión pública. Todo lo contrario, desde hace varios meses se venía hablando de un cambio inminente en esa cartera y el nuevo titular siempre estuvo a la cabeza del sonajero.
Es claro que la gestión de Rodrigo Rivera tuvo altas y bajas. Sin duda pasará a la historia por ser el ministro bajo cuyo mandato se produjo el abatimiento de alias Mono Jojoy. Al mismo tiempo, sin embargo, los índices de seguridad rural y urbana se deterioraron progresivamente, sobre todo por un creciente accionar de las Farc, la expansión a sangre y fuego de las bandas criminales (bacrim) así como muchas ciudades y municipios asolados por la delincuencia común.
Más allá del debate en torno de si, contrario a lo que señalaban las estadísticas oficiales, lo que existe es un problema de percepción pública de inseguridad, lo cierto es que el propio Gobierno aceptó a comienzos de este mes la necesidad de aplicar un ajuste de fondo a la política de seguridad. De allí la orden presidencial a la cúpula castrense y policial para implementar una revisión integral de toda la estrategia operacional militar, específicamente en el esquema de control territorial, vigilancia fronteriza, utilización de unidades castrenses más pequeñas para enfrentar el cambio del modus operandi de la guerrilla y las bacrim, redoblar el control en las carreteras, aumentar la Inteligencia de combate y redefinir la función de los Gaula para contrarrestar la disparada de la extorsión, entre otros aspectos.
Por igual se ordenó trabajar en el inmediato plazo en políticas que mejoren el bienestar de las tropas y estrategias para aumentar la moral y mística de las mismas. Aquí un elemento clave, sobre el que hemos insistido hasta la saciedad pero poco se avanza, es el relativo a estructurar un eficiente sistema de defensa técnica judicial de los uniformados, pues es evidente que existe una macabra estrategia de los violentos e ilegales para ‘empapelar’ a los oficiales, suboficiales y soldados con falsas denuncias. Es urgente, entonces, redefinir el fuero militar en un país que está en conflicto armado, como lo reconoció taxativamente el actual Gobierno. Aumentar las garantías de debido proceso para quienes portan las armas de la Patria en modo alguno puede ser entendido, como quieren hacerlo ver algunos sectores radicales, como una lesión a la política de respeto de los derechos humanos. No hay tal.
Todo lo anterior debe convertirse en la hoja de ruta del nuevo integrante del gabinete. Muy cercano al presidente Santos desde que éste ocupó la cartera de Hacienda en la administración Pastrana Arango, Juan Carlos Pinzón tiene, además, una amplia trayectoria académica y profesional muy relacionada con los temas castrenses, al punto de que luego, al lado de Santos, fue Viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación, y desde allí manejó asuntos tan complejos como la política de consolidación de la Seguridad Democrática, la ejecución del impuesto al patrimonio, la modernización de la capacidad de operaciones especiales y de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y otras reformas estructurales al Ministerio.
No hay tiempo que perder. Los distintos factores generadores de violencia están aumentando su poder de desestabilización y, si bien es cierto que son exagerados algunos pronósticos apocalípticos -y abiertamente politizados- respecto de que hay un retroceso en seguridad, es menester apretar las riendas de la estrategia militar y policial, y ello sólo se logrará ajustando la política operacional a las camaleónicos tácticas del crimen organizado y la delincuencia común.
Con la anunciada reingeniería en la estrategia y un cambio de titular en la cartera de Defensa queda claro que el Gobierno decidió no enredarse en la polémica sobre la percepción de inseguridad, y optó, objetiva y adecuadamente, por el ajuste. Lo importante ahora son los resultados.