*Proyecto vuelve de nuevo al Congreso
*Tres retos a superar en el corto plazo
LA presentación en septiembre próximo del proyecto de ley sobre Estatuto de Ciudadanía Juvenil abre varios interrogantes. El principal, sin duda alguna, gira en torno de cómo asegurar que la iniciativa, que en la pasada legislatura se hundió en último debate por vencimiento de términos en la plenaria de la Cámara de Representantes, esta vez sea aprobada. Y es que difícilmente se puede entender cómo un proyecto que tuvo un largo proceso de maduración, foros, convocatorias y aportes en nivel nacional, regional y local, tanto de instancias oficiales como no gubernamentales, y que además mantuvo a lo largo de su discusión en Senado y Cámara un apoyo multipartidista significativo, terminó fracasando cuando sólo le faltaba un hervor parlamentario.
En términos generales el proyecto busca establecer un marco jurídico e institucional para garantizar a todos las y los jóvenes el ejercicio pleno de su ciudadanía en los ámbitos civil o personal, social y público, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. Para aterrizar esa formulación ideal al día a día de las personas entre 14 y 30 años, que es el rango de edad en el que se reconoce a una persona como “joven”, se plantea redefinir las políticas públicas de Juventud, aplicando para ello una reforma de fondo a la ley 375 de 1997, que fija el actual Estatuto, considerado por muchos como anacrónico, de corto alcance y baja implementación real. Es más, en el trámite congresional se admitió que pese a 13 años de vigencia de la citada norma, aún faltan por estructurar casi la mitad de los Consejos Municipales y Departamentales de Juventud, al tiempo que el Consejo Nacional seguía en el aire. La misma Corte Constitucional, en una sentencia del año 2008, hizo una radiografía muy drástica sobre las falencias institucionales para cumplir los derechos de este rango poblacional.
De allí que la nueva iniciativa plantee estructurar la responsabilidad ejecutiva de las políticas de apoyo a los jóvenes de una forma más clara y directa, que garantice su exigibilidad en todos los niveles, y poniendo en cabeza de entidades puntuales compromisos medibles y demandables. En el plano de participación, se propone, por ejemplo, fijar un día al año para la elección en todo el país de los Consejos de Juventud y se establecen las Asambleas Juveniles como el máximo espacio de consulta de estos movimientos. A ello se suma la creación de una Unidad Administrativa Especial, en el orden nacional, y de una Defensoría Delegada.
En privado algunos parlamentarios admiten que quizá en el trámite fallido de la anterior legislatura pudo existir una mejor difusión de los alcances del proyecto, pues en medio de una carga legislativa muy compleja, hubo cierta confusión en la opinión pública respecto a si la iniciativa era la que pretendía rebajar la edad para votar a los 16 años o tocaba lo relativo a la imputabilidad penal de los menores de 18.
Como se ve, hay tres retos clave en este nuevo y, esperamos, definitivo intento para dotar al país de un Estatuto de Juventud moderno, práctico y, sobre todo, medible en su implementación institucional en los órdenes nacional, departamental y municipal. Lo primero es comprometer el respaldo de todas las bancadas parlamentarias para su trámite prioritario. Segundo, socializar los alcances de la iniciativa para conseguir más instancias de apoyo y enriquecimiento del texto. Y, tercero, desarmar con argumentos sólidos y verificables a quienes advierten a priori que se están creando instancias burocráticas o plataformas políticas o electorales.
Bienvenida, pues, la discusión del nuevo proyecto de Estatuto de Ciudadanía Juvenil y que esta vez sea la vencida.