*Campañas aún no entusiasman al elector
*Seguridad y transparencia, el reto estatal
LA campaña electoral entra esta semana en su recta final. Faltando apenas dos meses para la cita en las urnas, es claro que los candidatos tendrán que empezar a jugársela toda para conquistar el favor del electorado. No son pocas las gobernaciones y alcaldías en las que, al tenor de lo que dicen las encuestas y otro tipo de mediciones del escenario y ambiente políticos, la competencia sigue muy abierta y todo puede pasar.
Terminados ya los meses en los que imperó la mecánica y todo el desgastante rifirrafe por los avales y las alianzas, e incluso superado el foco de distracción y divertimento que significaron para la gran mayoría de los colombianos la Copa América y el Mundial Sub-20, las próximas ocho semanas se confirman como claves para que cada ciudadano escoja a quién le dará su voto para que tome las riendas de su departamentos y municipio, y quiénes lo deben representar en asambleas, concejos y juntas administradoras locales.
Semanas atrás advertíamos en estas páginas que los candidatos, partidos y movimientos significativos de ciudadanos no habían logrado entusiasmar al electorado, que en un gran porcentaje se mantenía apático y pasivo pese a estar ya a mitad de camino en la contienda proselitista. Al cierre de agosto esa situación no es que haya cambiado sustancialmente, lo que termina siendo preocupante, más aún en unos comicios que por la cercanía e interés directo que tienen sobre los votantes, siempre se han distinguido por tener más capacidad de movilización ciudadana que las contiendas para Congreso o la propia Presidencia de la República.
Para el Gobierno, Fuerza Pública, Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y otros entes de vigilancia el reto en estos sesenta y dos días no es menor. Los mapas sobre el riesgo de fraude electoral son sencillamente alarmantes. Decenas de municipios han sido catalogados en niveles alto y medio en cuanto a la posibilidad de que se registre trasteo de votantes, suplantación de los mismos, alianzas de candidatos con grupos armados al margen de la ley, financiación irregular de campañas y otras anomalías no menos graves. Por igual, los hechos de violencia contra los aspirantes ya superan los cien y es seguro que guerrilla, bandas criminales y otros factores ilegales buscarán aumentar su presión criminal sobre la puja proselitista a medida que se acerque la hora de las urnas. En consecuencia, es urgente que el Estado redoble y afine todos los mecanismos para garantizar la mayor transparencia y seguridad en el remate de las campañas. Aunque hasta el momento el Gobierno ha sido cauteloso en torno de si habrá necesidad de aplazar o cancelar elecciones en aquellas jurisdicciones en donde no estén dadas las condiciones de seguridad, llegará el momento en que los riesgos sean tan altos que exigirán medidas drásticas y ejemplarizantes.
Tampoco puede bajarse la guardia frente a otras amenazas ya advertidas. Por ejemplo, los entes de control deben activar planes de vigilancia para evitar que desde gobernaciones y alcaldías se maniobre para tratar de beneficiar a tal o cual aspirante. Por igual, ante la directriz del Gobierno nacional para acelerar las obras de prevención y contingencia invernal, urge total veeduría para que ningún candidato trate de capitalizar políticamente esos proyectos como tampoco las ayudas humanitarias que se continúan entregando a la población damnificada.
El país, pues, debe sumergirse en la campaña electoral. Los debates entre los candidatos tienen que estar a la orden del día. La publicidad y difusión de propuestas y programas urge multiplicarse. Los aspirantes y partidos deben motivar al electorado lo más posible. Aunque se supone que a estas alturas ya todos deberían ir hasta el final, en aquellos casos en donde se esté pensando en declinación de postulaciones y alianzas de última hora, pues que éstas se aceleren para aclarar los panoramas. Que la fiesta de la democracia, pese a los vicios y riesgos persistentes, se sienta y viva.