Uno de los temas que más ha estado en boga en las últimas semanas en Colombia hace referencia a las consecuencias de lo que millones de usuarios terminan publicando en sus redes sociales. Ha quedado más que claro que toda afirmación que se hace a través de estas plataformas electrónicas perdura a través de los años y no en pocos casos termina teniendo implicaciones a futuro debido a las cambiantes circunstancias políticas, económicas, sociales, laborales y en muchos otros ámbitos de los entornos personales y colectivos. Y esto no solo le pasa a quienes tienen algún tipo de reconocimiento o protagonismo público, sino también al ciudadano del común.

Todo lo anterior, revalida la advertencia de actuar con la máxima precaución y responsabilidad cuando se hace uso de este tipo de plataformas de circulación de contenidos, sobre todo cuando se afirma u opina sin tener un sustento real o estar consciente del alcance de lo dicho. Los procesos penales, demandas, rectificaciones e incluso compensaciones a quienes se sienten afectados cada vez son más comunes, así como las sentencias condenatorias.

Es imperativo reiterar que muchas personas no tienen claro que la libertad de opinión y expresión tiene límites y estos comienzan, precisamente, en donde arrancan los derechos de los demás. No se puede estar publicando todo lo que se le ocurra a alguien, sobre todo cuando expresa juicios de valor sobre terceros.

Hoy en día cualquier opinión puede llegar a ser viralizada en cuestión de minutos u horas sin que esa haya sido la intención de quien la emitió originalmente pensando en que solo tendría un impacto en un pequeño círculo de sus contactos o seguidores.

Debe entenderse que las plataformas electrónicas de tráfico de contenidos no son un escenario sin reglas, con esquemas de derechos menores o en donde la justicia no opera. Por el contrario, tanto la fiscalía como los jueces de distintas jurisdicciones han dejado claro que cualquier tipo de afectación a los derechos de los demás, ya se trate de aspectos individuales, penales o patrimoniales o de otro tipo, es juzgado con igual drasticidad que si la presunta violación se hubiera cometido a viva voz o en un espacio físico y tangible.

Solía decirse que cada persona es ‘esclava’ de lo que dijo o escribió. Igual ocurre en el mundo digital, en donde las pruebas sobreviven por años y es prácticamente desaparecerlas. Siempre hay un rastro y alguien lo termina encontrando.