Reforma al transporte | El Nuevo Siglo
Martes, 13 de Enero de 2015

Un repaso a polémicas recientes

Modernizar Código de Tránsito

La  movilidad vial es uno de los campos en donde el país tiene más temas pendientes, a tal punto que desde varios sectores se está urgiendo que se haga una especie de alto en el camino y se confeccione un nuevo Código Nacional de Tránsito que establezca un marco normativo moderno, integral y, sobre todo, pragmático para superar todas las problemáticas.

La necesidad de ese ajuste se impone al revisar algunas de las polémicas de los últimos días. En primer lugar está el nuevo capítulo relacionado con la plataforma tecnológica Uber a través de la cual se estaban prestando servicios de taxi individual en Bogotá y otras ciudades del país. La Superintendencia de Puertos y Transporte advirtió que consecuente a la declaratoria de ilegalidad del servicio prestado por esa empresa, entonces se procedería a la inmovilización de los vehículos que incurrieran en el mismo. La compañía aludida, que es una multinacional, se mostró sorprendida y dijo que recurriría legalmente, en tanto que se prendió de nuevo la polémica sobre las falencias del servicio que prestan los llamados taxis amarillos. En la Costa Caribe se vivieron dos fenómenos contradictorios. De un lado en Valledupar un decreto que restringe el mototaxismo generó protestas en distintos lugares de la ciudad, ya que de esa modalidad de transporte informal viven miles de personas en la capital del Cesar. Y de otra parte, en Sincelejo un problema con los permisos de rodamiento para los buses y colectivos, llevó a que gran parte de los habitantes de la capital sucreña tuvieran que recurrir precisamente al mototaxismo para poderse movilizar. Por otra parte, en ciudades como Bogotá se volvió a prender el debate en torno de qué hacer con el creciente número de motociclistas. Mientras que las estadísticas señalan que el porcentaje de accidentalidad de esta clase de vehículos va en aumento en el último año, las quejas de la ciudadanía y los conductores de vehículos particulares y de servicio público sobre la gran cantidad de motos que circulan, ha llevado a pensar en la posibilidad de crear un carril exclusivo para su tránsito o regular su uso a través de medidas como el “pico y placa”, pago de impuestos o cursos obligatorios de manejo para otorgar las respectivas licencias. Y qué decir de las polémicas de los últimos días respecto a la imposición de comparendos, ya sea por la vía del agente de tránsito presencial o por el sistema de las fotomultas. Las discusiones al respecto, en las que incluso terminó involucrado un senador, van desde el papel que cumplen los uniformados hasta el valor probatorio de los videos que se hacen con los teléfonos celulares. Igualmente hay quejas de conductores acerca de si el límite máximo de velocidad en las autopistas nuevas no debe ser aumentado, dada la buena calidad de las calzadas modernas. También en la capital del país y otras ciudades se puso de nuevo sobre el tapete si es necesario profundizar las políticas para desestimular el uso del carro particular en zonas urbanas, en tanto que desde la industria automotriz se informaba de un 2014 con cifra récord en materia de venta de vehículos nuevos… Y qué decir con el gran número de personas que no cumplieron con el proceso de renovación de su licencia de conducir.

Esas y muchas otras polémicas hacen evidente que, más allá de la particularidad de algunos de esos casos, se requiere una reforma integral al Código Nacional de Tránsito. Temas como el mototaxismo, la incursión de las plataformas tecnológicas en el servicio de transporte público, la regulación del parque automotor y de motos o una reglamentación más exigente para que cada comparendo no termine en pleito, entre otros asuntos, precisan de una regulación más concreta, moderna y eficaz. Si bien se han introducido cambios en los últimos años, éstos fueron aislados y a la luz de los hechos insuficientes. El Congreso y el Gobierno deberían tomar nota de esas crisis puntuales que, ubicadas en el mismo escenario, ponen de presente que hay falencias normativas que requieren correcciones urgentes. Resulta insólito que, por ejemplo, el problema del mototaxismo, del cual viven hoy no menos de 150 mil familias en Colombia, sea asumido de manera distinta y subjetiva por cada alcalde, de acuerdo con coyunturas y particularidades propias de su jurisdicción. Es hora de poner las cosas en orden.