* Sistema de salud, al borde de una crisis insalvable
* Prioridad es el aquí y ahora, no los ajustes a futuro
Las alarmas están prendidas en el sistema de salud. La crisis se viene agravando a tal punto que el riesgo de una suspensión a gran escala en el servicio de aseguramiento y atención médica es cada día más cercano. Incluso, algunas EPS y varias clínicas y hospitales advierten que el cierre de este 2024 podría ser traumático, ya que los problemas de flujo financiero son tan drásticos que peligra la operatividad del modelo sanitario en general.
Con más de ocho EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud, encabezadas por Nueva EPS, Sanitas y Famisanar, en tanto que están en trámite las solicitudes de salida del sistema de Sura y Compensar, el panorama es muy complicado. De hecho, a medida que aumenta el control de las aseguradoras por parte de entidades estatales, los estándares de calidad y oportunidad en el servicio han venido deteriorándose, como se evidencia en el disparo de los índices de quejas y reclamos en varias instituciones. Las asociaciones de pacientes denuncian represamiento en asignación de citas, sobre todo con especialistas, así como demoras en cirugías y tratamientos complejos.
El gremio que reúne a las EPS recalca que la persistencia del desfase en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la demora en el giro de los llamados “presupuestos máximos” (mediante los cuales se pagan los procedimientos médicos no cubiertos por los planes básicos de salud) continúan agravando la viabilidad financiera de todo el sistema.
De otro lado, la medida gubernamental de viabilizar el giro directo de recursos del fondo-cuenta Ares a la red prestacional no ha tenido el resultado esperado. Aunque muchas clínicas y hospitales, tanto del sector público como del privado, ven un flujo de recursos más dinámico, el tamaño de la deuda acumulada de las EPS continúa siendo billonario. Por lo mismo, algunas instituciones han restringido la prestación de servicios a los afiliados de varias aseguradoras, en tanto alertan escasez grave de recursos para sufragar gastos de personal, proveeduría de insumos y otras obligaciones.
Como si lo anterior fuera poco, en algunas regiones se está denunciando el riesgo de un presunto sesgo político en la escogencia de las instituciones a las que se les giran los recursos directos. Por igual, está visto que se necesita reforzar controles para garantizar que lo que cobra la red prestacional es ajustado a la realidad del servicio.
La escasez de medicamentos es otra de las problemáticas que no se han superado de manera efectiva pese a las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud, Invima, industria farmacéutica y cadena de droguerías. Hay pacientes que no han podido acceder a algunos productos farmacéuticos, originales ni genéricos, poniendo en riesgo sus tratamientos e incluso sus vidas. Si bien hay circunstancias de mercado internacional y cadena de materias primas que influyen, el Gobierno debe actuar con más decisión, acudiendo incluso a instrumentos extraordinarios.
Visto todo lo anterior, resulta claro que la prioridad en estos momentos debe ser evitar una crisis inminente en el sistema de salud. Una debacle en la que es obvio que una de las principales causas es, precisamente, la política gubernamental, tanto por las implicaciones desestabilizantes del primer proyecto de reforma (hundido en abril pasado en el Senado), como por las medidas adoptadas por distintas instancias del Ejecutivo para tratar de aplicar una parte del accidentado ajuste por vía administrativa. No en vano varios actores del modelo de aseguramiento y atención médica afirman que el agravamiento de la problemática de financiación se debe a la negativa gubernamental a solucionar lo relativo a la UPC y los “presupuestos máximos”, pese incluso a órdenes de la Corte Constitucional, incumplidas en su mayor parte.
Así las cosas, la radicación el viernes pasado en el Congreso de un segundo proyecto de reforma a la salud termina siendo un tema menor frente a la gravedad de la crisis del sistema aquí y ahora. Más aún porque esa nueva iniciativa no ha tenido una concertación real con las EPS, pacientes, clínicas y hospitales, academia, personal médico, gremios o con los proveedores de productos, bienes y servicios. Y menos con los partidos y las bancadas. De hecho, la principal crítica al nuevo articulado es que es igual al hundido en el primer semestre y que proponía un modelo anacrónico, disfuncional, marcadamente estatizado e incluso con el riesgo de ser politizable.
Habrá que empezar el debate de ese proyecto y ver cómo se desarrolla, sobre todo en un Parlamento en donde la Casa de Nariño no tiene mayorías. Sin embargo, esa reforma no es lo importante ahora. El peligro real es la posibilidad de un derrumbe inminente del sistema actual. Es allí en donde debe actuarse con decisión y responsabilidad.