* Nueva oportunidad a concertación laboral
* Urge no repetir errores de proyecto hundido
En menos de tres semanas arrancará la segunda legislatura parlamentaria. Tras el accidentado cierre de la primera el mes pasado, desde distintos sectores se está urgiendo al Gobierno que aplique las lecciones aprendidas del estancamiento político en el Senado y Cámara de las principales de sus reformas y proceda, en consecuencia, a abrir espacio para una verdadera concertación con los partidos, gremios, empresarios, academia y demás instancias nacionales alrededor de los alcances de esas modificaciones, siempre en aras de implementar los ajustes que más favorezcan al país y su población.
Aunque desde la Casa de Nariño y el gabinete se reitera a cada tanto que hay disposición para seguir buscando consensos, lo cierto es que voceros del sector privado advierten que todavía no se les ha convocado a analizar la reingeniería a los articulados de proyectos como los de reforma pensional y de salud, que están para segundo debate en las respectivas plenarias, con más peros que apoyos.
Más complicado aún es que, tras el hundimiento de la iniciativa de reforma laboral en la comisión Séptima de la Cámara, en donde ni siquiera pudo superar el primer debate, el Ejecutivo anunció que volvería a presentar el proyecto en esta segunda legislatura, pese a que algunos expertos en reglamento parlamentario sostienen que ello no sería posible.
A parte de esto, si bien el presidente de la República y la titular de la cartera de Trabajo dijeron que convocarían nuevas mesas de trabajo para analizar el próximo articulado, este anuncio no se ha concretado. Por el contrario, voces desde el Pacto Histórico recalcan que las bases de la reforma se mantendrán intactas, debido a que hacen parte de las promesas básicas del “gobierno del cambio”. Es más, algunos de los parlamentarios de izquierda insisten en que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) avaló la reforma, pero otras voces experimentadas sostienen que hay una malinterpretación gubernamental del contenido de una carta de esa agencia de la ONU.
Como es apenas obvio, desde los gremios ya se prendieron las alarmas, bajo la tesis de que esas posturas intransigentes del mandatario a lo único que llevarán es a que este nuevo intento de ajuste a la normatividad laboral fracase otra vez en el Legislativo, ya que es innegable que la iniciativa que se hundió era inviable no solo porque no generaba empleo ‒por el contrario amenazaba con destruir centenares de miles de plazas‒, sino que, además, disparaba el trabajo informal, que hoy se encuentra cercano al 45%. Adicionalmente, tal como venía el fallido articulado, el golpe para la viabilidad financiera de la micro, pequeñas, medianas y grandes empresas era muy alto, al punto que poner en riesgo su permanencia en la actividad productiva, un hecho aún más gravoso en pleno proceso de desaceleración económica en este segundo semestre.
De igual manera, la mayoría de los partidos políticos de las franjas independientes y de oposición, e incluso dentro de la misma coalición de centroizquierda, han advertido que sería un error político que la Casa de Nariño insistiera en un proyecto laboral que no tiene recibo en el grueso de las bancadas, como quedó demostrado en la forma en que la anterior iniciativa fracasó en la comisión Séptima, no solo por la postura enfática de no dar vía libre a una propuesta anacrónica y antitécnica, sino porque el Ejecutivo no tuvo margen de acción para superar el carrusel de impedimentos y recusaciones en esa célula congresional. Aunque intentó repetir algunas maniobras polémicas para subvertir la disciplina partidista, tampoco le funcionó esta fórmula cuestionable.
No se entiende la demora gubernamental en abrir espacios de diálogo para construir una nueva reforma laboral. Partidos, gremios, empresarios y academia coinciden en que se requiere un ajuste a la normatividad marco que rige el trabajo en Colombia. Han puesto sobre la mesa infinidad de propuestas y acudieron a múltiples escenarios y mesas en pos de consensos. Sin embargo, el Ejecutivo y su ‒ahora minoritaria‒ coalición parlamentaria no reflejaron en el articulado esas posturas y, por el contrario, se radicalizaron en la cuestionada iniciativa inicial, dando como resultado su hundimiento inapelable. Tampoco progresó la estrategia presidencial de llamar a sus bases populares para lanzarse a las calles y presionar al Congreso a dar vía libre a las reformas laboral, pensional y de salud. No solo la afluencia fue menor a la esperada, sino que las marchas de los sectores críticos fueron sustancialmente mayores en todo el país.
Como se ve, hay voluntad política para esta reforma en múltiples instancias. Eso es claro. Sin embargo, si el Gobierno insiste en sus propuestas radicales y antitécnicas, el resultado de este nuevo intento no será otro que el fracaso.