La  controversia en torno de si debe permitirse o no funcionar el servicio de la plataforma tecnológica Uber para el transporte individual de pasajeros en el país, está pasando de castaño a oscuro. Ya se habla de roces y hasta agresiones físicas entre los conductores de vehículos de placa blanca y los de los tradicionales taxis amarillos. No se puede esperar a que se produzca un caso grave que desemboque en heridos graves o incluso muertos. Hay que actuar ya.

Es claro que tanto el Ministerio de Transporte como la Superintendencia del ramo han dicho que el servicio que presta Uber no es legal, ya que en la práctica significa utilizar vehículos habilitados para el servicio especial -los de placa blanca y que sirven a empresas, turistas, colegios y otros mediante contrato- para el transporte individual de pasajeros, que corresponde a los taxis amarillos.

Pues bien, si ese es el problema, la solución es sencilla: hay que reglamentar el servicio que preste Uber o cualquiera otra plataforma tecnológica similar. Es evidente que una buena parte de la ciudadanía defiende las bondades de este tipo de servicios, por razones de comodidad, agilidad y seguridad. Y también es obvio que el servicio prestado por los taxis amarillos arrastra un lastre por ser en no pocas ocasiones deficiente, irrespetuoso y hasta inseguro.

El Estado debe fomentar la libre competencia y la mejora de los servicios que, como el transporte público, es delegado a particulares bajo condiciones preestablecidas. Así las cosas, Uber y otras plataformas similares deben tener la oportunidad de adecuarse a la reglamentación respectiva para el transporte público, con los correspondientes pagos de impuestos, pólizas, rodamientos, régimen de contratación y todos los requisitos que se determinen. Corresponde al Ministerio y la Superintendencia del ramo avanzar en esa dirección regulatoria. Ahora, si después de ser proyectado ese marco legal, hay firmas que no se someten al mismo, pues que vengan las sanciones.

La institucionalidad está por encima tanto de las presiones monopolísticas de las empresas tradicionales de taxis amarillos como de los intentos por saltarse las reglas del juego en la prestación del transporte público. El Estado debe fijar las reglas del juego, equilibradas y funcionales, y que la libre competencia, la calidad del servicio y el criterio de los usuarios definan qué modalidad tiene más demanda. Así de sencillo.