En estado de alerta se encuentra el país frente al riesgo creciente de una crisis grave en el sistema energético y de suministro de agua. De hecho, ya se habla del peligro de un “apagón”, así como de un racionamiento drástico del vital líquido a corto plazo, a menos que en la segunda temporada invernal del año, que debe comenzar a mediados de octubre, se recuperen los promedios históricos de precipitaciones.
Aunque ya está señalado por las autoridades meteorológicas nacionales e internacionales que el fenómeno climático de La Niña, que se supone arrancó en firme este mes, tendrá una intensidad “débil”, de todas maneras se confía en que su influencia colateral lleve a que el cierre de este 2024 esté pasado por agua y, de esa forma, suba el nivel de muchos ríos y quebradas que surten acueductos en distintas regiones del país, así como de los embalses, que son la columna vertebral del sistema hidroeléctrico que hoy proporciona más del 67% de la energía que consumen los colombianos.
Un 30% del parque restante lo proveen las termoeléctricas, que funcionan con carbón y gas. Sobre este último combustible también están prendidas las alarmas, ya que la caída de las reservas nacionales −por cuenta de la polémica política gubernamental de hidrocarburos− tiene el país ad portas de importaciones sustanciales para poder suplir la demanda interna. En ese orden de ideas, no solo el bolsillo de las familias sufrirá un golpe por el encarecimiento de tarifas, sino que, además, el suministro a vehículos e industrias podría verse impactado.
Como se sabe, mientras que en distintas regiones hay una ola de incendios forestales (aunque en mucha menor dimensión a las emergencias que hoy se presentan en Brasil, Perú y Ecuador), en otras tantas la sequía es el fenómeno predominante. Los reportes del Ideam señalan que en no pocos territorios los promedios de lluvias han caído de forma vertical. De hecho, esta semana la empresa XM, que es el principal termómetro de la cadena hidroeléctrica, advertía que el nivel de los embalses se encontraba en índices muy bajos que no se habían visto en décadas recientes. Es más, en Bogotá y la región circundante se regresó a partir de esta semana a un esquema de racionamiento de agua más drástico, mientras que en otros departamentos hay municipios que llevan varias semanas con servicio intermitente o incluso nulo.
Frente a todo ello, es claro que se requiere implementar una estrategia integral. Una parte clave de la misma, sin duda alguna, debe ser repensar, aquí y ahora, las campañas de pedagogía ciudadana para hacer un uso racional del agua, luz y gas. Si bien estas son permanentes, su eficiencia no es la mejor, al menos así se concluye de los niveles de consumo altos que persisten pese a la emergencia en curso. Hay que redefinir los conceptos y mensajes, así como los canales de difusión.
Por otro lado, resulta evidente que frente a la coyuntura en los embalses y las demás fuentes hídricas que sustentan el suministro de agua y energía, hay que ser más audaces en encontrar alternativas de rápida implementación. Acudir a pozos de agua subterránea asoma como una herramienta viable, tal y como suspender usos comerciales, industriales, agrícolas y domésticos no esenciales. No basta solo con expedir resoluciones, hay que utilizar toda la estructura estatal, desde las instancias nacional, departamental y municipal, para garantizar que las directrices se cumplan.
El componente de mediano plazo es aún más complejo. Es obvio que Colombia, pese a las múltiples potencialidades que ostenta, tiene hoy un sistema energético cuya solidez y confiabilidad ha venido retrocediendo. Un tema por demás preocupante, sobre todo cuando en lo corrido de este siglo la soberanía en materia hídrica y de fuentes de energía se elevó a asunto de interés estratégico y seguridad nacional, por lo cual genera pulsos geopolíticos constantes.
Hay que aplicar una reingeniería a todo el sector. Es innegable que hay problemas de estructura y funcionalidad del modelo de generación, distribución y comercialización de combustibles de origen fósil, así como de fuentes de energía más sostenibles, tipo eólica, solar, de hidrógeno y otras. No es un tema fácil, claramente. Sin embargo, en lugar de estar pensando en reformas parciales, inconexas, imbuidas de marcos ideológicos y políticos anacrónicos o desconectados de la realidad de producción, mercados, oferta y demanda, lo que urge Colombia es que sector público y privado se apliquen a sentar las bases de un nuevo sistema. Igual ocurre con el tema del agua, en donde las políticas de uso del vital líquido no son las más racionales ni adecuadas ni responden a un consumo multisectorial cada vez mayor.
En uno y otros casos la corrección del camino es imperativa, sobre todo con un cambio climático cuyos efectos son cada día más drásticos e irreversibles.