Hay tres formas de afrontar las emergencias invernales. La primera es enfocarse en planes de contingencia que se activen cada vez que el clima empiece a producir tragedias y bloquear los sectores de transporte, comercio, industria, abastecimiento de víveres y tantos otros rubros del diario vivir. En ese caso, la prioridad institucional tiene que dirigirse a estructurar un sistema eficiente de prevención y atención de emergencias, que permita asistir lo más rápido posible a los damnificados por inundaciones, avalanchas, derrumbes y otras afectaciones generadas por la acción incontrolada de las fuerzas de la naturaleza. Aquí es donde entran obras como reconstrucción de jarillones, dragados de ríos, reubicación temporal de damnificados, arreglos a contrarreloj de vías, instalación de puentes provisionales…

Una segunda estrategia para hacer frente a las olas invernales, que cada día tienden a ser más drásticas por cuenta de los efectos nocivos del cambio climático y la depredación medioambiental, se refiere a la necesidad de superar esa primera etapa de asistencia humanitaria para trascender a la planificación y concreción de obras de infraestructura de mediano plazo que permitan disminuir el riesgo de tragedias y destrucción en las siguientes temporadas de lluvias. En esta fase, que los técnicos suelen denominar de “rehabilitación”, las obras tienden a ser más estructurales y complejas, por cuanto comprenden trabajos como readecuación de cauces hídricos, arreglos de fondo a las bancas de las carreteras, ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado y aguas lluvias, reubicación de viviendas y otras infraestructuras de amoblamiento urbano y semi-rural, construcción de taludes de proporciones en zonas propensas a los derrumbes, preparación de áreas bajas destinadas a inundaciones controladas y otro tipo de proyectos dirigidos a disminuir el nivel de afectación por los fenómenos climáticos.

Hasta el momento, el Estado colombiano se ha concentrado en estas primeras dos fases para atender las contingencias invernales, no sólo la registrada un año atrás, que dejó más de 400 víctimas mortales, tres millones de damnificados y pérdidas cercanas a los 10 billones de pesos, sino la actual, que desde septiembre pasado ya suma más de 135 muertes, medio millón de afectados en 429 municipios así como alrededor de cuatro billones de pesos, de ellos uno equivalente a pérdidas y tres que se calcula costará la reconstrucción de la infraestructura dañada.

Si bien el Gobierno nacional y los principales sectores políticos, sociales, institucionales, gremiales y económicos coinciden en que es necesario pensar en una visión de más largo plazo, toda vez que el cambio climático llegó para quedarse y, como lo advirtiera semanas atrás un directivo de una corporación autónoma regional, Colombia debe acostumbrarse a olas invernales cada vez más drásticas e intensas, pareciera que esa óptica todavía no está lo suficientemente asimilada por la nación. Es más, se habla de grandes inversiones en infraestructura, sobre todo en materia de transporte, pero el objetivo primario es hacer frente a las implicaciones de los tratados de libre comercio.

Sin embargo, lo que requiere el país es un cambio de mentalidad basado en el blindaje de largo plazo ante las contingencias invernales. Es necesaria una reforma a fondo en materia urbanística, así como de infraestructura en servicios públicos. También para abocar planes de evacuación permanente de caseríos e incluso poblados enteros ubicados en zonas bajas o de alto riesgo. Igual deben analizarse estrategias para el desvío de ríos y quebradas. Tendrá que replantearse la red vial nacional, departamental y municipal, tomando decisiones de fondo que impliquen, incluso, nuevos trazados más seguros y resistentes a las inclemencias climáticas, sin importar cuánto más se incrementen los costos. Y qué decir de los ciclos de cosechas y la producción agrícola en general, que tendrán también que adaptarse a las nuevas realidades derivadas del calentamiento global.

El cambio climático no es una coyuntura ni sus efectos tenderán a disminuir. Todo lo contrario, aumentarán. Los inviernos serán cada vez más drásticos e intensos, así como los períodos secos. Colombia debe acelerar su estrategia de adaptación y si bien ya se han dado pasos en esa dirección, es necesario que la ciudadanía se conciencie de ello, sus costos e implicaciones a corto, mediano y largo plazos.