- No desconocer la esencia del voto programático
- Hoja de ruta gubernamental solo 9 meses después
Más que accidentado ha sido el trámite del proyecto de ley mediante el cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Iván Duque. La iniciativa fue radicada el pasado 7 de febrero y esta semana apenas si empezará a ser discutida en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. Si el debate en las comisiones económicas conjuntas terminó siendo dispendioso y trabado, más lo fue el posterior ejercicio para confeccionar la ponencia que se llevará a los plenos de ambas cámaras legislativas. Se suponía que sería presentada el lunes pasado pero en medio de denuncias de presuntos ‘micos’, polémicas en el alto gobierno con desautorizaciones ministeriales a bordo, alertas gremiales aquí y allá e incluso una amenaza de ‘paro legislativo’ por el pulso alrededor de las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), solo el viernes reciente, a última hora, se logró completar este paso.
Como el plazo máximo para aprobar la iniciativa vence el próximo 7 de mayo, eso significa que solo restan nueve días para que ambas plenarias analicen y aprueben un trascendental, largo y complejo articulado que contiene nada menos que la hoja de ruta gubernamental del actual Jefe de Estado. Si no se logra ese visto bueno, entonces el Plan Plurianual de Inversiones debe ser adoptado por decreto.
En varias ocasiones hemos advertido desde estas páginas que la forma en que se debate y aprueba el Plan de Desarrollo no parece la más adecuada, por dos razones principales. En primer lugar, que no existiendo ya la posibilidad de reelección presidencial inmediata en Colombia resulta un contrasentido institucional que el Mandatario que fue electo en junio del año pasado y asumió el poder el 7 de agosto siguiente, solo a mediados de mayo de 2019, es decir nueve meses después de estar instalado en la Casa de Nariño, tenga, por fin, aprobada la bitácora de su gestión cuatrienal.
En segundo lugar, acorde con la esencia del voto programático y el dictamen popular de las mayorías en la democracia, se supondría que el Plan de Desarrollo de cualquier gobierno debe estar basado sustancialmente en la plataforma ideológica y de ejecución de política pública que se radica cuando se inscribe la respectiva candidatura presidencial. Tras el resultado de las urnas, esa plataforma debe ser aterrizada de forma rápida en el articulado consecuente y sometida de entrada a consideración del Congreso, en donde tiene que ser debatida y aprobada de forma expedita para que la nueva gestión arranque prontamente a cumplir lo prometido en campaña y que recibió el apoyo popular.
Hoy por hoy, por el contrario, el proyecto del Plan termina sometido a una intrincada negociación, artículo por artículo, en el Parlamento entre el gobierno de turno y las distintas bancadas. Ello desemboca en un ejercicio desgastante, susceptible en la mayoría de los casos al transaccionismo y el manoseo politiquero, que no en pocas ocasiones termina abriendo paso a propuestas, proyectos y metas de las colectividades cuyos candidatos salieron derrotados en las urnas. Así las cosas, un Plan discutido y aprobado en esas circunstancias en Senado y Cámara, que son depositarios de la democracia delegada e indirecta, corre el riesgo de viciar lo señalado por la ciudadanía en las urnas, en ejercicio de la democracia participativa y directa.
Visto todo lo anterior, es conveniente que se abra un análisis sobre la metodología de discusión y aprobación del Plan de Desarrollo. En la edición dominical de este Diario se publicó un informe en donde se daba cuenta de distintas propuestas al respecto. Se plantea, por ejemplo, que la hoja de ruta gubernamental sea el primer proyecto radicado por la Casa de Nariño en el Congreso el mismo día de la posesión presidencial y que el plazo máximo para que reciba el visto bueno sea de tres meses. De esta forma, antes de que termine noviembre el nuevo Jefe de Estado ya tendrá lista su bitácora de gestión y el país señalado claramente el norte en materia de políticas públicas, metas de programas, proyectos y obras a concretar, reformas al Estado y exigencias presupuestales aproximadas. No es complicado si, como se dijo, la base del Plan es la plataforma gubernamental inscrita por el candidato triunfante, que tendría desde el día de la segunda vuelta presidencial hasta el de la posesión para confeccionar la respectiva iniciativa.
Es claro que ya para el Plan del gobierno Duque no hay tiempo de reforma alguna en su sistema de discusión y aprobación. Pero el país debería abrir un debate serio al respecto, y no solo en el orden nacional sino también en cuanto a departamentos y municipios en donde viabilizar las hojas de ruta de los mandatarios entrantes es más complejo y desgastante aún.