*Urge aterrizar reforma estructural
*El boom le cogió ventaja al Estado
DESDE el mismo momento en que hace tres años se empezó a hablar de una bonanza minera en Colombia se encendieron las primeras alertas sobre la falencia en materia de estructura institucional para afrontar una bonanza de las dimensiones que ya entonces vislumbraban los expertos. Con el pasar de los meses, cada vez fue más evidente que el Estado no contaba con las instancias y normatividad suficientes para enrutar el boom minero.
Las esperanzas se centraron en la reforma al Código del ramo que estaba en trámite en el Congreso, pero ya entonces había voces advirtiendo que la norma no tendría larga vida puesto que no cumplió efectivamente con el proceso de consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La previsión se concretó en mayo pasado cuando la Corte Constitucional la declaró inexequible, aunque para evitar un vacío legislativo que diera al traste con el auge en la actividad minera, decidió mantener su vigencia por dos años más para darle tiempo al Gobierno y Congreso de aprobar un nuevo Código.
Paralelo a ese grave traspié a la que sin duda es considerada la principal de las locomotoras sobre las que el Gobierno sustenta toda su estrategia de desarrollo económico, se ponía al descubierto un hecho más grave. Una racha de tragedias en socavones, que cobraron la vida de decenas de trabajadores, evidenció la peligrosa dimensión de la minería ilegal e informal, la alta infiltración de los grupos guerrilleros y neoparamilitares en esa actividad, un peligroso impacto medio-ambiental y la forma desordenada en que durante el anterior gobierno se entregaron títulos de exploración minera a diestra y siniestra, como en una especie de piñata. Y todo ello en medio de la confirmación de las debilidades de Ingeominas, las corporaciones autónomas regionales, gobernaciones y alcaldías para vigilar si todas estas operaciones de extracción de recursos naturales no renovables como oro o carbón, tenían autorización legal, se hacían bajo sistemas de seguridad industrial adecuados, pagaban las respectivas regalías y demás contribuciones impositivas y, no menos importante, cumplían con los requerimientos ambientales.
Fue entonces cuando el Gobierno planteó la necesidad de una reforma a fondo en todo el sector minero. Las bases de ese ajuste estructural fueron reveladas el viernes pasado por el ministro Carlos Rodado, bajo cinco pilares básicos: aprovechamiento sostenible del potencial de recursos naturales, un mayor conocimiento geológico, la creación de la Agencia Nacional de Minerales, un catastro minero actualizado y mecanismos efectivos para la fiscalización. Se creará, igualmente, una dirección ambiental y de comunidades en el Ministerio.
La nueva Agencia se encargará de la administración y promoción de los recursos minerales y tendrá en su organigrama una dirección de fiscalización, otra de evaluación de proyectos y una de desarrollo sostenible. Dicha entidad será la encargada de revisar todos los títulos mineros actuales y las solicitudes de nuevos, aplicando para ello un sistema de cuadrículas que garantice orden y transparencia en los mismos, al tiempo que certifique que quienes piden autorización para operaciones de explotación y exploración tienen el músculo financiero y técnico para abocar los proyectos. Ingeominas, entre tanto, pasará a llamarse Servicio Geológico Nacional y tendrá como principal función el sistema de información nacional.
El reto ahora es que esta reforma estructural sea implementada lo más pronto posible. Colombia es uno de los cuatro países con mayor potencial minero a escala mundial y el mismo Gobierno admite que aunque ha registrado un crecimiento histórico del 3,2%, los objetivos con este nuevo esquema sectorial apuntan a alcanzar una tasa del 9,5%. Si ello se cumple, entonces, habrá una participación del sector minero en el PIB del 3,6% y generará más de 12.000 millones de dólares en regalías para el 2020. Como se ve, no hay tiempo que perder.