* Ilegales están erosionando legitimidad institucional
* Urge una nueva directriz del Ministerio de Defensa
Nada más peligroso para la vigencia del Estado Social de Derecho que el retroceso en el ejercicio legítimo de la autoridad oficial. No solo se pone en duda la capacidad institucional para hacer respetar la Constitución y la ley en todo el territorio, sino que los criminales consideran que tienen una ‘patente de corso’ para seguir delinquiendo y atropellando a la población civil.
Lamentablemente, en los últimos dos años esta clase de circunstancias han sido recurrentes por cuenta de una estrategia de seguridad y orden público con muchos vacíos y contradicciones, así como de una política de “paz total” accidentada, ineficaz y rayana en una pasmosa ingenuidad.
Desde muchos departamentos y municipios se ha denunciado que Eln, grupos residuales de las Farc y bandas criminales de alto espectro, como el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Pachenca’ o ‘El Tren de Aragua’, así como otros grupos de delincuencia común y organizada, han aprovechado que el accionar de las Fuerzas Militares y de Policía se encuentra sustancialmente restringido por efecto de los ceses el fuego acordados en estos dos años con distintas organizaciones ilegales. Por esa vía no solo expandieron su actividad criminal para dominar los principales enclaves de economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, extorsión, contrabando, redes de ‘gota a gota’, hurtos, prostitución y otros delitos de alto impacto), sino que, además, han victimizado a la población civil de múltiples formas. Desde masacres, asesinatos selectivos, secuestros, ‘vacunas’, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores, hasta imposición de ‘códigos de conducta’ a los habitantes, ‘retenes y patrullajes’ en zonas rurales y urbanas, ‘inauguración’ de puentes, escuelas y otras obras públicas…
Así las cosas, en algunas regiones la autoridad y primacía del Estado parece estar en fuga mientras que los ilegales priman sobre una ciudadanía cada vez más inerme, atemorizada y arrinconada. Aunque la Casa de Nariño y el ministerio de Defensa duraron muchos meses ignorando las advertencias de gobernadores, alcaldes, entes de control, comunidades, centros de estudios y oenegés sobre el inocultable rebrote de la violencia y la inseguridad, finalmente, ante el peso abrumador de las evidencias, terminaron por admitir que los cese el fuego permitieron a las facciones criminales fortalecerse. Si bien se lanzó una contraofensiva militar y policial, los resultados apenas van a medio camino.
Uno de los casos en donde se constata ese progresivo debilitamiento estatal son los recurrentes secuestros de militares y policiales por parte de comunidades campesinas, indígenas y de otra índole. Decenas de uniformados inmovilizados por turbas que, como el mismo Gobierno ha terminado por admitirlo, son instrumentalizadas o presionadas por disidencias o reincidencias de las Farc, Eln, bandas criminales y otras facciones ilícitas.
El último episodio acaba de presentarse en zona rural de San José del Guaviare, en donde 66 efectivos del “Comando Específico del Oriente” del Ejército permanecieron secuestrados tres días por comunidades campesinas que el propio Ministerio de Defensa denunció estaban siendo amenazadas por disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, uno de los tres bloques del ‘Estado Mayor Central’ con los que el Gobierno mantiene una mesa de negociación y, se supone, un cese el fuego.
Los uniformados fueron liberados el lunes en la tarde tras una mediación de la Defensoría del Pueblo, delegados de ONU y OEA. Esto tras pactarse que el Ejecutivo realizará una audiencia pública para solucionar un pliego de peticiones de los campesinos.
No hay que llamarse a engaños: lo que hubo, a la luz del Código Penal, fue un secuestro masivo de militares. No fue un acto típico de protesta social legítimo y amparado. Considerar que se trató de una “retención temporal pacífica” o de una acción popular que “bloqueó temporalmente la movilidad” de las tropas resulta equivocado y raya en el prevaricato, por acción u omisión, por parte de las autoridades gubernamentales que subdimensionan esta grave situación. De hecho, no se entiende por qué la Fiscalía no ha tomado cartas en el asunto para judicializar a los responsables.
Si bien se entiende a todas luces que, en este caso, como en otros registrados en 2024 y 2023, no era dable ordenar a las tropas hacer uso de las armas para liberarse, sobre todo al ser evidente que las disidencias de las Farc estaban coaccionando a los campesinos, también es claro que se requiere una nueva directriz del Ministerio de Defensa para que no se presenten más plagios de militares y policías. No solo porque se lesiona gravemente la institucionalidad y el principio del ejercicio legítimo de la autoridad, sino porque si no hay un cambio de táctica o estrategia (tanto preventiva como reactiva) en el procedimiento castrense o policial (obviamente descartando cualquier acción armada sobre los civiles), los grupos criminales seguirán multiplicando este modus operandi para frenar el accionar de la Fuerza Pública, victimizando aún más a la población civil y debilitando peligrosamente el Estado Social de Derecho. Es momento de las decisiones y el Gobierno tiene la palabra.