Pasar de los anuncios a los hechos. Ese es el gran reto que tiene la hoja de ruta que delinearon esta semana el ministro de Defensa y los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, quienes se reunieron con el fin de señalar las prioridades en materia de seguridad y orden público en sus respectivas ciudades.

Es evidente que por más que el Gobierno nacional y buena parte de titulares de gobernaciones y alcaldías estén ubicados en orillas políticas distintas, se requiere una coordinación permanente y directa en cuanto a las medidas que se aplicarán en cada jurisdicción para hacer frente a los picos de delincuencia común y organizada.

Para nadie es un secreto que en muchas ciudades y municipios la ciudadanía está acorralada por el aumento de delitos de alto impacto, como atracos a personas, hurto de vehículos, homicidios, extorsión, microtráfico y otras actividades ilegales. De igual manera, hay un fenómeno de expansión de bandas y organizaciones delictivas, tanto de origen nacional como internacional.

La respuesta a esta delicada situación pasa de los planes generales a los más específicos. Por ejemplo, es claro que se requiere una ampliación del pie de fuerza policial en muchas capitales, ciudades intermedias y municipios. Aunque está previsto para este año el ingreso de 20 mil policiales y 16 mil soldados profesionales, los mandatarios urgen más personal. Ello debe ir de la mano de un equipamiento y recursos tecnológicos más eficaces.

Por igual, es imperativo fortalecer las capacidades de inteligencia para desvertebrar redes delincuenciales en todos sus eslabones, ampliar el número y cobertura de las cámaras de vigilancia, así como articular con las Fuerzas Militares las zonas y operaciones en donde se necesitará apoyo castrense.

De otro lado, es claro que debe trabajarse de la mano con el Ministerio de Justicia y el Inpec con el fin de delinear estrategias para combatir la reincidencia delictiva, disminuir el hacinamiento en estaciones de Policía y las URI de las Fiscalía. También es urgente definir mecanismos que eviten que los capturados en flagrancia estén a las pocas horas, días o semanas en libertad, revictimizando a la ciudadanía.

No menos importante es trabajar para que el flujo de información y colaboración de los habitantes con la Fuerza Pública sea más eficiente, ya que esto es esencial para aumentar los resultados de las autoridades contra enclaves criminales establecidos.

Protagonista clave en todo este objetivo es el apoyo que pueda prestar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecon), a cargo del Ministerio de Interior, en cuanto a gestionar recursos, por ejemplo, para la instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad.