- Sendas investigaciones de Procuraduría
- Pendientes resultados del nuevo modelo
Más de dos billones de pesos se están destinando este año para financiar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que permite dar desayunos, refrigerios y almuerzos a más de 5,6 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos en todo el país. Se trata, sin duda, de uno de los programas de mayor impacto social y, por ende, de los que requieren una vigilancia más extrema y detallada por parte del Gobierno, los entes de control, las administraciones departamentales y municipales así como de las propias instituciones educativas, veedurías ciudadanas, gremios y las asociaciones de padres de familia.
Para nadie es un secreto que el PAE, lamentablemente, se convirtió en los últimos años en uno de los principales botines de las mafias de corrupción, politiquería y contratación ilegal en varias zonas del país. Son cuantiosos los recursos que se han perdido así como incontables los escándalos por el suministro de alimentos y bebidas en mal estado, porciones ínfimas o sin ningún equilibrio nutricional a los alumnos de escuelas y colegios. La Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, algunas superintendencias y otros entes de control han puesto al descubierto intrincadas redes y carteles empresariales que, escondidos detrás de una maraña de personerías jurídicas y compañías de fachada, se han adueñado de las licitaciones del PAE en múltiples departamentos y municipios. Ya son más que conocidas las trampas a que acuden para apoderarse de los contratos, que van desde proponentes fallidos, pasando por abierta colusión de ofertas y terminando en complicidades criminales con funcionarios y políticos. Todos aspiran a una ‘tajada’ del robo al erario, sin importarles que están, literalmente, haciendo pasar hambre a los menores de edad de las familias más pobres y vulnerables del país. Una prueba más de que los corruptos no tienen límite ni recato humanístico alguno.
Por ello es imperativo que se ajusten todos los procesos de contratación y selección de prestadores. Esta semana, por ejemplo, la Procuraduría realizó dos anuncios al respecto. De un lado, abrió diez investigaciones disciplinarias a los actuales gobernadores de Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Santander, Sucre y Vaupés. El Ministerio Público indaga una presunta mora en adelantar el proceso contractual para seleccionar el operador del PAE para la vigencia del año pasado, lo que pudo afectar a más de 653 mil niños, niñas y adolescentes beneficiarios. De igual manera, abrió otra decena de pesquisas disciplinarias por presuntas irregularidades en la planeación, contratación y ejecución el programa, en 2016 y 2017, en los departamentos de Amazonas, Arauca, Meta, Valle del Cauca, en el municipio de Quibdó, y en los distritos de Buenaventura y Cartagena. Estas anomalías pudieron afectar más de 600 mil alumnos.
Ya ayer algunos de los mandatarios puestos en la mira por la Procuraduría salieron a dar explicaciones, indicando que muchas de las demoras se debieron a que los proponentes para prestar el servicio no cumplían los requisitos exigidos y de allí que no se pudo iniciar el suministro de los alimentos sino hasta cuando se consiguió al operador idóneo. Ya será menester en cada proceso en específico que se establezca si hubo fallas, por acción y omisión, y en caso de comprobarlas, entonces debe procederse con la máxima drasticidad. Igual, en la Fiscalía y la Contraloría también cursan distintos expedientes al respecto, que incluyen tanto a funcionarios públicos como a contratistas, casos en lo que es necesario una mayor celeridad, sobre todo en el decomiso de los bienes de los responsables para ser sometidos a extinción de dominio y recuperar parte de los dineros embolatados.
Visto ya que está bajo la lupa lo ocurrido con el PAE en los últimos tres años, hay expectativa sobre cómo ha arrancado el nuevo modelo que aplicó el Gobierno este 2019 con el fin de proteger los más de dos billones de pesos destinados al programa. Un modelo que, se supone, está blindado contra la politiquería, la ineficiencia y los carteles de la contratación y corrupción regionales y locales. Ya hubo algunas alertas tempranas de los entes de control respecto a la demora en la selección de los operadores pero aún no se sabe si esto se logró corregir a tiempo, antes de que comenzara el calendario académico. Las denuncias, sin embargo, persisten en algunos departamentos y municipios, por lo que debe actuarse con más eficacia allí.
Como se dijo al comienzo, el Programa de Alimentación Escolar tiene un gran impacto en materia social y económica a nivel regional y local. De allí que debe ser protegido al máximo para garantizar su eficiencia, funcionalidad y transparencia. Fallar en ese propósito, con el nuevo modelo de blindaje, sería absolutamente imperdonable.