Agilizar ejecución sin flexibilizar controles
Un sistema todavía en proceso de ajuste
La reforma al sistema nacional de distribución de las regalías derivadas de la explotación de recursos naturales no renovables es uno de los ajustes normativos más importantes de los últimos años, no sólo porque aplicó un mecanismo de equidad regional que le permitió a muchos departamentos y municipios tener acceso a estos millonarios recursos, sino porque introdujo controles y filtros técnicos, financieros y administrativos para evitar que dichos dineros continuaran siendo ‘caja menor’ de redes de corrupción así como foco de desgreño administrativo.
Desde el momento en que la reforma entró en vigencia, se sabía que su arranque no sería fácil, pues la nueva institucionalidad requería un tiempo para estructurarse, empezar a funcionar y adecuarse a los filtros y requisitos establecidos para aprobar proyectos y autorizar el respectivo giro de los recursos, además de implementar interventorías y controles de proceso más exigentes y continuos. Un ejemplo de esa dificultad fue la tardanza en la confección y funcionabilidad de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), las instancias centrales para la postulación y aprobación de proyectos.
Todo ese proceso de ajuste tardó y era natural que pasara. Sin embargo, luego de tres años de vigencia del nuevo sistema hay situaciones de alerta que evidencian la necesidad, no de reversar la reforma, como han buscado algunas voces de las regiones productoras que antes recibían la mayoría de los recursos -y en donde se presentaron no pocos escándalos de corrupción y desgreño-, sino de apretar las tuercas del engranaje para que funcione mejor. La Contraloría, por ejemplo, advirtió que, a diciembre pasado, cerca de siete billones de pesos de recursos de las regalías no se habían invertido y permanecían en cuentas bancarias. Con base en los reportes de las entidades territoriales al Departamento Nacional de Planeación, del monto mencionado cuatro billones corresponden a gobernaciones y 2,9 a municipios. Meta y varios departamentos de la Costa Caribe encabezan ese escalafón. La cuestión es más complicada: entre 2012 y 2014 se destinaron recursos del Sistema General de Regalías para inversión por $18,1 billones, por concepto de asignaciones directas y los fondos de desarrollo regional, compensación regional y ciencia y tecnología, pero la población “sólo ha recibido beneficios por apenas $1,9 billones, el valor de los proyectos terminados”.
Si se profundiza en el origen de semejante represamiento de recursos, destinados prioritariamente a inversión social y suplir necesidades básicas insatisfechas, las causas son múltiples. El máximo ente de control fiscal sostiene que la acumulación en las cuentas bancarias refleja una lenta ejecución de los recursos de regalías, siendo más preocupante el indicador de las gobernaciones que de las alcaldías: las primeras registran el 5 por ciento de sus proyectos terminados, frente al 28 por ciento de las segundas. Los mandatarios seccionales y locales, a su turno, sostienen que el problema es el cuello de botella de los OCAD, en donde el trámite de las iniciativas a financiar es muy exigente y complicado, y luego viene el aún más intrincado proceso de licitaciones y adjudicaciones. Planeación Nacional, por su parte, advertía en marzo que era necesario mejorar la calidad de los proyectos, ya que el 54 por ciento presentan problemas por debilidades en la estructuración y cerca de 4,1 billones de pesos no se habían ejecutado ante la carencia de iniciativas bien confeccionadas. Recientemente el Gobierno nacional sostenía que la Ley de Garantías Electorales que rigió buena parte del año pasado y también lo hará a partir de junio próximo, en la antesala de los comicios regionales y locales, estaba limitando la capacidad de invertir las regalías, por la prohibición que establece a la firma de convenios interadministrativos. Se habló, incluso, de 5,8 billones de pesos trancados por esa circunstancia para sólo este año.
No es poca la urgencia de destrabar, claro de forma técnica, ordenada y supervigilada ese volumen de recursos, sobre todo en un año en el que por la descolgada del precio del petróleo se hizo necesario aplazar la inversión de 5,2 billones de pesos de las regalías.
¿Qué hacer? Hay varias alternativas en curso. Planeación Nacional adoptó en marzo una serie de medidas para asesorar a las regiones en la confección de proyectos y su trámite en los OCAD. El Gobierno puso en marcha fórmulas presupuestales para compensar a los municipios por los recursos aplazados por concepto de regalías. Lo importante, en todo caso, es agilizar, sobre todo en un año de desaceleración económica, la ejecución de esos dineros, pero evitando a toda costa que por el afán o la flexibilización de los controles y trámites se vuelva a abrir el boquete a la corrupción y el desgreño administrativo.