Muy grave la alerta que lanzó la Contraloría General en torno a que existe un retraso en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio público de energía por parte del Ministerio del ramo, lo que podría derivar en el inminente riesgo de racionamiento y hasta la cesación en la prestación del servicio de energía a más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, en Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada).

Semejante campanazo no puede quedarse en el aire. Por el contrario, se requiere una respuesta urgente del ministerio y el gobierno en general en torno a cómo neutralizar esta complicada situación.

De acuerdo con el ente de control, pese a que la vigilancia y control sobre la prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios compete a dos superintendencias, hasta la fecha no se conoce algún tipo de actuación desplegada por esas autoridades pese a esta situación de especial gravedad.

Por lo mismo, la Contraloría llamó al Gobierno nacional, los ministerios y superintendencias que tienen que ver con este tema a que tomen acciones contundentes para evitar que se afecte la prestación del servicio público de energía. Una de esas medidas urgentes es regularizar el giro oportuno de los subsidios de energía.

Esto último porque, según la entidad de control, es evidente que hay una falta de decisión del Gobierno nacional sobre el reembolso a los prestadores del servicio de los recursos no recaudados por concepto de la “Opción tarifaria”, mecanismo mediante el cual se congelaron las tarifas durante la pandemia para aliviar el gasto de los hogares colombianos en medio de la emergencia sanitaria.

Alrededor de este tema, ya la semana pasada el Ministerio de Minas había anunciado que en próximos días presentará al Congreso el proyecto de ley mediante el cual la Nación asumirá el costo de la “Opción tarifaria”, que es billonario.

Sin embargo, quedan pendientes otros asuntos. Por ejemplo, la Contraloría advierte que otro factor de riesgo es el incumplimiento de obligaciones de los operadores de red con el mercado mayorista de energía, lo que repercute en posibles limitaciones en el suministro, especialmente a las empresas de la Costa Caribe.

Como se ve, la alarma prendida por la Contraloría no puede quedar en el aire. Se está hablando aquí de afectaciones al servicio de energía a no menos del 20% de la población. Un riesgo a corto plazo que no admite pasividad ni dilaciones del Ejecutivo.