* Pulso de taxistas y plataformas de movilidad
* Tres gobiernos en línea sin solución alguna
El paro de taxistas ayer en la capital del país y otras ciudades en protesta por el funcionamiento de las plataformas electrónicas que permiten que vehículos particulares presten servicio de transporte de pasajeros es una evidencia de la debilidad institucional para solucionar problemáticas de fondo que generan altas dosis de conflictividad entre la población.
Desde hace más de una década los taxistas han realizado de forma periódica manifestaciones de todo tipo para presionar no solo la prohibición de dichas aplicaciones, sino que las autoridades persigan y castiguen penal y pecuniariamente a dichas empresas, algunas multinacionales. Esto no ha sido posible porque, a decir verdad, su operación está cobijada bajo un manto de legalidad, al punto que pagan impuestos (renta y complementarios, Presencia Económica Significativa y/o IVA) y tienen vida jurídica reconocida bajo nuestra normatividad. Y eso, precisamente, es lo que ha permitido un crecimiento casi exponencial en materia de número de conductores y usuarios de plataformas como Uber, inDrive, Didi o Cabify.
Alianza In, el gremio que reúne a estas Apps, sostiene que hay no menos de ocho millones de usuarios de estas plataformas de movilidad en el país, de los cuales, incluso, hay dos mujeres por cada hombre. A ello se suma que hay más de 100 mil familias que derivan sus ingresos de trabajar con estas aplicaciones. Este universo podría ser mayor, en la medida en que muchos de ellos trabajan con varias empresas al mismo tiempo o tienen turnos de conductores del mismo vehículo a lo largo de las 24 horas. Esto significaría que ya tienen alrededor del 0,5% de la población ocupada del país. Otros cálculos, estos del año pasado, señalaban que este tipo de servicios se estaban fortaleciendo a tal punto que iban rumbo a superar la generación del 0,2% del Producto Interno Bruto.
De acuerdo con el citado gremio, las apps de movilidad y los taxistas no son antagonistas, sino que coexisten e incluso se complementan. De hecho, en las plataformas que hacen parte de Alianza In hay más de 230 mil cuentas tipo taxi.
Los voceros de los taxistas, a su turno, se quejan de que la pasividad del Estado para poner en cintura a estas plataformas ha llevado a crear una competencia desleal de grandes y cuantiosas consecuencias, ya que cada vehículo, conductor y empresa legalmente constituida para prestar el servicio de transporte público individual o colectivo de pasajeros debe cumplir con una serie de requisitos, licencias, seguros, pólizas, pagos y otros requerimientos que, por obvias razones, no aplican a las decenas de miles de conductores de las aplicaciones digitales.
En la última década los gobiernos Santos y Duque prometieron que buscarían una salida legal a esta problemática, que ya no solo se limita a vehículos automotores, sino también a motocicletas. Sin embargo, no cumplieron con ese objetivo y año tras año el escenario es más complejo. De hecho, se han creado circunstancias más convulsas, como la competencia en muchos municipios con fenómenos informales como el mototaxismo tradicional (igualmente ilegal) y otras modalidades de ‘piratería’ en transporte terrestre, algunas de ellas ‘dominadas’ o ‘vacunadas’ por grupos armados ilegales.
El actual gobierno hizo múltiples promesas al respecto en campaña, acudiendo para ello a una alta dosis de populismo con discursos que más que avanzar en una solución definitiva a este problema, tenía como principal objetivo captar votos a lado y lado (taxistas y trabajadores de aplicaciones). Esto explica, principalmente, por qué a punto de cumplir la mitad de su mandato no se ha avanzado nada al respecto. Los ministerios de Transporte y de las TIC, así como la Superintendencia sectorial no han encontrado el camino a seguir para un equilibrio legal y funcional entre el servicio de los taxistas y las plataformas digitales de movilidad. El Congreso, en donde muchos parlamentarios de distintas bancadas también se comprometieron con sus electores a impulsar leyes sobre la materia, tampoco ha cumplido. Se radicaron algunos proyectos, pero ninguno progresó.
Así las cosas, el paro de ayer, como las decenas de anteriores protestas al igual que las manifestaciones y bloqueos que seguramente se darán en un futuro, seguirán confluyendo en el mismo cuello de botella: la falta de decisión del Estado, el gobierno y parlamento de turno. Una salida equilibrada y que deje contentos a taxistas, plataformas y usuarios no es fácil, eso es claro. Al final, los primeros o las segundas tendrán que sacrificar algo o ceder más que la otra orilla. Por ahora, no se ve una luz al final del túnel y el lío ya es tan endémico como irresoluto, al igual que tantas otras problemáticas en nuestro país.