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* Accidentada radicación de reformas en Congreso
* Los acuerdos deben ser con articulados en mano
Tras un primer mes a media marcha, la actividad legislativa en el Congreso ya tomó ritmo, no solo porque se empieza a agotar el tiempo para la aprobación del monto del proyecto que establece el Presupuesto General de la Nación para 2025, sino porque la semana pasada se radicó la iniciativa de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural y en la entrante podría ser llevado al Parlamento el texto del ajuste al sistema de salud. De igual manera, el titular de Minas y Energía indicó que en próximos días presentará el proyecto mediante el cual la Nación asume el costo de lo que los colombianos dejaron de pagar por el servicio de energía eléctrica durante la pandemia.
Si bien es cierto que el ministro del Interior ha sostenido una serie de reuniones con las bancadas de los partidos gobiernistas, independientes y de oposición con miras a lograr puntos de acuerdo alrededor de los principales proyectos gubernamentales, hasta el momento esa voluntad de concertación no se ha traducido en consensos definitivos y tangibles.
Por el contrario, voceros de partidos como el Conservador han sido claros en que el mayor problema radica en que el ministro no tiene a la mano todavía los articulados de los proyectos y, por lo tanto, no se ha podido abordar en detalle el análisis de los mismos y cuáles podrían ser los correctivos a pactar.
Una prueba de ello es lo que ocurrió esta semana con el proyecto de Jurisdicción Rural y Agraria, que se supone no debería generar tanto debate por cuanto ya el Congreso aprobó con anterioridad el acto legislativo y la ley estatutaria respectivos. Sin embargo, tan pronto como se conoció el texto de la iniciativa, se desató una fuerte discusión entre sectores gobiernistas y de oposición por cuenta de la posibilidad de que se estuviera abriendo paso a una posible figura de expropiación exprés de tierras. Pese a las explicaciones iniciales, lo cierto es que la controversia continúa, tal como se evidencia en sendas entrevistas publicadas por este diario –hoy y a mitad de semana– con la primera ministra de Agricultura de este gobierno, Cecilia López, y la actual titular, Martha Carvajalino.
Igual ocurre con la inminente radicación del proyecto de reforma a la salud por parte del ministerio del ramo. La iniciativa se viene anunciando desde hace varias semanas e incluso este viernes se daba casi por segura su radicación. Sin embargo, a última hora se aplazó esa diligencia, al parecer por ajustes pendientes al más alto nivel gubernamental, incluyendo una reunión final con el presidente de la República.
El problema estriba en que no solo ya están radicados otros cuatro proyectos que también plantean distintos niveles de reforma al sistema de aseguramiento y atención médica en el país, sino en que el texto que piensa presentar el Ejecutivo no se conoce ni ha sido socializado con EPS, voceros de clínicas y hospitales, asociaciones de pacientes, industria farmacéutica, proveedores, sindicatos sectoriales, como tampoco con el Consejo Gremial Nacional, gobernadores, alcaldes y demás instituciones que tienen que ver con este servicio esencial. No menos grave es que los partidos independientes y de oposición advierten que con el ministro del Interior se habló de esa iniciativa y de buscar puntos de encuentro para evitar que se hunda, como ya ocurrió con el primer proyecto en abril pasado, pero nunca se les presentó el texto y, por lo tanto, todo quedó en el aire.
Esa falta de concertación también se ha traído a colación respecto a la controvertida intención gubernamental de presentar una nueva reforma tributaria destinada a cubrir el déficit de doce billones de pesos que tiene la iniciativa de Presupuesto General, que está en discusión en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. No solo las bancadas, sino gremios, academia y centros de estudios, consideran que el Ejecutivo está improvisando peligrosamente con una propuesta impositiva que es inviable en medio de la crisis económica y fiscal. Prueba de ello es que hay una ‘torre de Babel’ alrededor de cuáles podrían ser los impuestos a crear o agravar, circunstancia que está incrementando el ya de por sí marcado clima de incertidumbre en el aparato productivo, los negocios y la inversión.
Con la reforma laboral ha pasado algo similar. La ANDI, Fenalco y otros voceros del empresariado denuncian que no se cumplió la promesa de la cartera de Trabajo en torno a que se les convocaría para analizar los ajustes al proyecto de reforma laboral, sobre todo con miras a la confección de la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Al final, este texto se radicó sin consenso alguno con los gremios, los cuales siguen advirtiendo los riesgos que implica para la estabilidad de los empleadores y trabajadores.
Como se ve, la concertación de las reformas en el Congreso continúa siendo un discurso político gubernamental que, lamentablemente, no se traduce en la práctica. No hay consensos previos sobre los articulados de las iniciativas en curso, radicadas en días recientes o por llegar. Por lo mismo, el panorama continúa siendo muy oscuro y la responsabilidad directa recae sobre la misma Casa de Nariño, que habla insistentemente de “acuerdo nacional”, pero falla en su aterrizaje en el día a día de un Parlamento en donde es minoría y ha visto naufragar la mayor parte de su agenda.