La declaratoria de la situación de desastre invernal en todo el país asoma como una medida tardía. Desde mediados del año se había advertido que, incluso con un fenómeno climático de La Niña de mediana o baja intensidad, de todas maneras, noviembre y gran parte de diciembre tendrían un pico de lluvias muy alto y, seguramente, sobrevendrían emergencias por inundaciones, deslaves, afectación de infraestructura de transporte y otras circunstancias críticas en varias zonas.

Es más, desde el Congreso a lo largo de este primer tramo de legislatura no han sido pocas las voces que alertaron que, tras el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), el presupuesto de la entidad se encontraba en niveles claramente insuficientes para afrontar la pronosticada emergencia invernal a finales de 2024.

A ello se suma que varios gobernadores y alcaldes no solo clamaron que la citada Unidad fuera fortalecida con presupuesto de emergencia, sino que alertaron que había mucha prevención en torno a acudir a declaratorias de estados de calamidad pública y urgencia manifiesta, puesto que, tras el escándalo de corrupción que salpicó a altos funcionarios gubernamentales y del Congreso, los entes de control tenían los ojos encima de las contrataciones hechas bajo esta modalidad que permite saltarse mecanismos licitatorios y agilizar la movilidad de recursos.

Es más, la Procuraduría hizo llamados a la Ungrd, así como a todas las entidades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Emergencias para que informaran sobre el plan de contingencia para afrontar una posible tragedia por el coletazo invernal.

Visto todo lo anterior, queda claro que la actual contingencia climática fue advertida con la suficiente antelación. Sin embargo, al tenor de todas las peticiones de ayudas y reclamos de distintas zonas del país, pareciera que no se actuó con la suficiente diligencia y enfoque preventivo.

Es más, algunas voces de expertos consideran que el Gobierno se confió en los reportes de autoridades meteorológicas en torno a que en septiembre y parte de octubre las lluvias estuvieron por debajo de los promedios históricos, al punto que se prendieron las alarmas en el sistema de generación hidroeléctrica por el bajo nivel de los embalses e incluso el riesgo de un apagón, en tanto que en regiones como Bogotá y los municipios circundantes se hizo más drástico el racionamiento de agua.

Lo cierto es que el invierno entró con fuerza en este onceavo mes y ya hay crisis graves en Chocó, Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, la Alta Guajira y otros territorios por las lluvias intensas de las últimas dos semanas. Día tras día sube la cifra de damnificados en 27 de los 32 departamentos en tanto que gobernadores y alcaldes urgen más ayudas humanitarias, recursos y una presencia efectiva de los cuerpos de socorro.

Sin embargo, uno de los mayores problemas en estos momentos es que la estrechez fiscal que arrastra el Gobierno, que llevó a elevar el recorte presupuestal a 33 billones de pesos para este año, hace muy complicado disponer rápidamente de recursos. Si bien es cierto que el decreto que declara la situación de desastre invernal permite trasladar recursos no ejecutados por otras entidades para destinarlos a la atención de damnificados, el margen de acción no es mayor. Eso es innegable. Pese a ello, este fin de semana algunos congresistas insistieron en que los dineros provinieran de los ministerios y sectores con menores índices de ejecución, como el de Igualdad, en donde habría más de 3,4 billones de pesos sin invertir.

Serán los organismos de control los que determinen si se actuó con la suficiente diligencia desde las esferas del Gobierno Nacional Central. Como, por igual, les corresponderá a todas las instancias que hacen parte del Sistema de Prevención y Atención de Emergencias analizar, como lo plantean muchos sectores, si debe reformularse el rol institucional y de acción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Todo eso es necesario, pero, aquí y ahora, la prioridad es movilizar los recursos humanos, técnicos y presupuestales para atender la crisis invernal.

Paradójicamente, en casos como los del Chocó el reto no solo es hacer llegar la ayuda humanitaria a los más de 30.000 damnificados, sino que la Fuerza Pública pueda retomar el control del territorio afectado por el ‘paro armado’ impuesto por el Eln. Es decir, que allí hay un doble reto: asistir a los afectados por la fuerza de la naturaleza y a las víctimas de la barbarie de los violentos.