Suele decirse en los círculos judiciales que en Colombia, lamentablemente, se volvió una práctica consuetudinaria demandar a la Nación por actos de acción u omisión de las entidades o sus funcionarios. Incluso en no pocas ocasiones se ha hablado de la existencia de verdaderos ‘carteles’ de abogados que se especializan en esta clase de litigios. Igual se  escucharon denuncias de personas que, sintiéndose afectadas por acciones o falencias oficiales, buscaron asesoría legal para evaluar la posibilidad de un pleito ante el contencioso-administrativo, pero al saber de lo demorado de estos procesos, terminan prácticamente que ‘vendiéndolos’ a los abogados, que les dan pequeñas sumas de dinero, muy inferiores a lo que finalmente esos apoderados terminan recibiendo cuando los fallos condenatorios a la Nación quedan en firme…

Afortunadamente el Estado decidió hace pocos años ponerle coto a esta situación, más aún al evidenciarse que los montos de las pretensiones de las demandas a la Nación eran billonarios. Incluso se recuerda un pleito en Antioquia contra el antiguo Incora en donde se exigía una compensación alrededor de 500 billones de pesos, pleito que finalmente fue negado por el Consejo de Estado.

A la cabeza de toda esta estrategia de protección del erario ha estado la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que en días pasados llevó a cabo el primer Consejo Directivo de este año y en donde se conocieron datos muy relevantes sobre este delicado asunto. De acuerdo con el informe presentado por la Agencia en torno de la situación de los litigios contra la Nación para el año pasado, el “pasivo contingente” originado en sentencias contra el Estado es de 102 billones de pesos. Asimismo, el “contingente fiscal” por este rubro entre 2012 y 2013 presentó una reducción del 77,4%, gracias a la revisión y validación de las cifras reportadas por las entidades. De esta forma, el valor inicial de las pretensiones, que era de 1.276 billones, ya hoy es del orden de 191,6 billones. 

También debe resaltarse que la Agencia decidió intervenir de manera obligatoria en los 25 procesos más cuantiosos de la Nación, es decir, en aquellos que superan 1 billón de pesos en pretensiones. Estos pleitos, según el informe, en total  superan los $ 63.2 billones. De los 25 casos, 16 corresponden a Acciones de Grupo contra la Superintendencia Financiera, Ministerio de Hacienda y por el fenómeno de captación ilegal de recursos, generado años atrás cuando se vinieron abajo las llamadas ‘pirámides’. 

También es clave el proceso de estructuración del Plan Estratégico cuatrienal cuyo objetivo es innovar la defensa jurídica del Estado aplicando el concepto de “Ciclo de Defensa” que se sustenta en políticas de prevención, inteligencia del negocio y generación del conocimiento.

Lo importante es que poco a poco se va evidenciando que demandar a la Nación no debe ser una especie de ‘deporte nacional’ y que las entidades están hoy más preparadas para defender sus presupuestos, que son, en últimas, los dineros de los colombianos.