* Proyecto laboral disparará informalidad
* Congreso debe atender a los campanazos
No paran las alarmas por el alcance del proyecto gubernamental de reforma laboral que avanza en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Gremios, empresarios, centros de estudios económicos, academia, partidos y otras instancias políticas, económicas y sociales continúan advirtiendo que el articulado de la señalada iniciativa es altamente inconveniente, no solo porque incumple el objetivo primario de generar más empleo y de mejor calidad, sino que, lo que es más grave, disparará la informalidad y la desocupación. Estas circunstancias afectarán gravemente la ya de por sí complicada estabilidad y supervivencia de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, que hoy pasan afugias en medio de la descolgada de una economía que este año a duras penas crecerá 2% y en la que el comercio, la industria y el consumo de los hogares siguen sin despegar.
Los campanazos sobre dicho proyecto se multiplican todos los días, sin que la Casa de Nariño, la cartera del ramo y los ponentes pongan atención a los mismos. Por el contrario, pareciera que la discusión se lleva a cabo en una especie de burbuja parlamentaria en la que pesan más los asuntos de mecánica partidista y política, que la profundidad de las alertas de múltiples sectores. Pese a la cantidad de audiencias y foros para analizar las implicaciones de la iniciativa, escenarios en donde se repiten los argumentos fundados sobre los riesgos que acarrea, nada de esto se ve reflejado en ajustes de fondo al proyecto.
Uno de los temas que más preocupa es el relativo a la informalidad laboral. Como se sabe, este índice en nuestro país está por encima del 56%, lo que significa que alrededor de doce millones de trabajadores no están cubiertos por la seguridad social, sobre todo en cuanto a estar afiliados y contar con protección en materia de salud, pensión, cesantías, riesgos laborales, cajas de compensación y otros beneficios básicos. No es un tema menor si se tiene en cuenta que en el país, de acuerdo con el último reporte del DANE, la cantidad de personas ocupadas es de 23,1 millones. Es decir, que más de la mitad de ellas no están formalizadas.
Aunque en la exposición de motivos del actual proyecto (el segundo en dos años, ya que en junio de 2023 se hundió una primera iniciativa) se afirma que el objetivo prioritario es fomentar la formalización de los trabajadores, en la práctica la legislación propuesta va en la dirección contraria. Resulta innegable que al hacer más rígida la contratación, elevar los costos laborales y reforzar gabelas sindicales la cantidad y calidad de las plazas disminuirá y, por lo tanto, la meta de mantener el desempleo por debajo del 7% (hoy se encuentra en 9,9%) se continuará alejando.
A las advertencias de Fenalco, la ANDI y el Consejo Gremial se sumó ayer otro conglomerado de empresas, Aliadas, el cual insistió en que la reforma afecta la creación de empleo, toda vez que prioriza el trabajo dependiente, excluyendo a los trabajadores independientes e informales. También recalcó que al plantear condiciones más estrictas y elevar el costo de las indemnizaciones, se incrementan los costos de nómina, sobre todo para las microempresas, lo que desincentiva la formalización laboral y perpetua la informalidad.
Aliadas también advierte que la reforma “estigmatiza la tercerización de servicios”, una figura que se considera crucial para la especialización, modernización y competitividad empresarial. Esta circunstancia golpeará especialmente a las micro y pequeñas empresas (que concentran buena parte de la generación de empleos).
Finalmente, se recalca que el actual articulado impone un modelo de negociación colectiva que incurre en el error básico de homogenizar las condiciones entre empresas de diferentes tamaños. Igualmente, al no haber claridad sobre asuntos clave como el manejo de huelgas en servicios esenciales y la prohibición de pactos colectivos se está abriendo un escenario de mayor conflictividad laboral.
Es evidente, entonces, que no solo debe ajustarse el proyecto, desligándolo de ideologías anacrónicas, revanchistas y comprobadamente inviables en el mercado del trabajo de la tercera década del siglo XXI, sino que la reforma debe ser más audaz en cuanto a generar reglas del juego equilibradas y proactivas entre patronos y empleados, cobijar las nuevas modalidades laborales y fomentar escenarios de sinergia y menos tensión.
Todo esto unido a concretar, de una vez por todas, un pacto de reactivación económica entre el sector privado y el Gobierno que lleve a que el aparato productivo despegue de forma sostenida, aumentando la demanda de trabajadores y estabilizando las finanzas empresariales. Eso es lo que requiere el país. Es una fórmula que responde a la realidad y la lógica. Lamentablemente estas dos premisas no parecen primar en las posturas del Ejecutivo y sus toldas partidistas en la Cámara. Corresponde al resto de las bancadas frenar este riesgo, ya sea adecuando el articulado o en últimas, hundiéndolo.