*Atraso rural y modelo productivo
*Desarrollo ordenado de Altillanura
Mientras que en todo el mundo los conceptos de seguridad y soberanía alimentarias son asuntos de interés nacional estratégico y los planes de desarrollo estructural los tienen, junto al cuidado del recurso hídrico y medioambiental, como elementos transversales a toda política pública, económica, social e institucional, en Colombia una vez más está sobre la mesa el modelo de desarrollo productivo de la altillanura, sin duda la despensa agroindustrial del país para las próximas décadas.
Tras años de intenso debate en torno de si conviene o no desarrollar la altillanura, las implicaciones de la ampliación de la frontera agrícola oriental, el impacto sobre las extensas zonas de bosque y reservas naturales así como la discusión del modelo productivo a aplicar, si el de la agroindustria a mediana y gran escala, o el de la pequeña unidad familiar campesina, el país podría contar en poco tiempo con una herramienta normativa que, bien implementada, podría ayudar a superar parte de esas contradicciones.
Esta semana la Comisión Quinta del Senado aprobó el proyecto que crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), cuyo propósito es incentivar la inversión privada en regiones con aptitud agropecuaria pero que por sus difíciles condiciones de terreno o por estar aisladas de los centros urbanos más significativos, demandan cuantiosos recursos para adaptación productiva y ser competitivas. En otras palabras, las Zidres se establecerían en zonas en donde las inversiones para el alistamiento de la tierra, los cultivos a desarrollar, la tecnología e insumos requeridos así como la infraestructura necesarias para hacer eficientes y rentables los proyectos agroindustriales, sobrepasen la capacidad de un pequeño campesino y se requiera, por lo tanto, una asociación con productores de mayor experticia y músculo financiero que, además, cuenten con el apoyo estatal en materia de incentivos de distinta índole. Es así como las grandes potencias en materia de producción de alimentos y derivados han logrado consolidar sus potencialidades agrícolas, asegurar su abastecimiento interno y exportar materias primas o productos con valor agregado. Alcanzar esa instancia es aún más importante para un país que, como Colombia, por el atraso rural y su deficiente competitividad ha visto retroceder sus niveles de producción de víveres e importa contingentes de alimentos cada vez más voluminosos.
De allí, entonces, que este nuevo modelo de desarrollo agroindustrial de las Zidres no se base en la titularidad o propiedad de la tierra, sino en la capacidad asociativa para volverla productiva, rentable y competitiva. Hay que ser realistas: más allá de los debates marcadamente ideologizados en los que se considera que lo importante es que un pequeño campesino sea dueño de la tierra que trabaja, no se puede desconocer que muchas familias rurales tienen predios que por sus difíciles condiciones de suelo, exigente adecuación para cultivos, baja disponibilidad de asistencia técnica o costosos canales de compra y venta de sus productos, hacen inviable su aprovechamiento y, al final, las únicas opciones de sus propietarios terminan siendo resignarse a una economía de subsistencia o la venta de la propiedad a precios irrisorios. Esto último ha llevado a que la pobreza sea cada vez mayor en los campos y la concentración de la propiedad en pocas manos crezca, como lo evidenció el recién revelado Censo Nacional Agropecuario.
Obviamente implementar el modelo de las Zidres -al proyecto sólo le resta un debate en la plenaria del Senado para luego convertirse en ley- requiere muchos controles y filtros, que deben pasar del papel a la práctica. A los ya previstos en la futura norma deben sumarse la vigilancia preventiva de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, entre otros entes. Los gremios agrícolas, las organizaciones campesinas y la red de ONG también están llamadas a coadyuvar en la detección de trampas para legalizar baldíos apropiados indebidamente por particulares, a denunciar esquemas de asociación desequilibrados que afecten o desplacen a las familias campesinas, a poner al descubierto maniobras torticeras para desviar los incentivos presupuestales estatales, a destapar intentos de concentrar la propiedad en manos de multinacionales de alimentos que recorren todo el mundo en busca de adueñarse de los suelos más fértiles y productivos, y -no menos importante- a velar porque la ampliación de la frontera agrícola en la Altillanura y otras regiones del país se haga de manera ordenada y sostenible desde el punto de vista ambiental. Sólo así el modelo de las Zidres cumplirá su objetivo. De lo contrario, el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad.