"A paso de tortuga. A ese ritmo avanza la implementación del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá SITP", así lo denunció el Consejo de Estado de Bogotá.

 

De acuerdo con el concejal Antonio Sanguino ello ocurre, no solo por el trauma de nacimiento que significó el tipo de contratos celebrados en el 2010 por la Administración de Samuel Moreno con los operadores privados seleccionados en una traumática licitación. "Ocurre también por una seguidilla de equivocaciones e improvisaciones del actual gobierno distrital, y en particular, de la Secretaría de Movilidad".

 

El concejal explicó que la idea de integrar el sistema masivo de transporte ha estado presente como objetivo en todas al administraciones de la ciudad, "fue formulado por la agencia de cooperación japonesa JICA en la primera administración Mockus. Y luego fue reiterado en el Gobierno Peñalosa cuando en tiempo record se concibió y puso en marcha el sistema Transmilenio, y en el Plan Maestro de Movilidad decretado en tiempos de Lucho Garzón. Solo que Moreno, a quien le tocó licitar su operación, modificó, al calor de un paro de transportadores, el modelo financiero e incorporó una lógica rentista a favor de los propietarios de buses y busetas, que tiene en riesgo de quiebra a todo el servicio de transporte público de la ciudad. Quiebra que empezó con los consorcios Egobus y Coobus que agrupan,sobre todo, a los pequeños transportadores", dijo Sanguino.

 

Criticó que el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego arrancará la implementación del SIPT sin que no estuvieran listos todos sus componentes: La unificación de las tarjetas, la infraestructura de parqueaderos y paraderos, la plataforma tecnológica y la pedagogía ciudadana, hubo quienes pidieron una revisión y ajuste de los contratos de operación.

 

"Pero pudo más el desesperado “ímpetu reformador” del Alcalde que la aconsejable planeación en la ejecución de decisiones y políticas públicas".

 

Además no está de acuerdo con que el Alcalde se comprometera a pagar con recursos de la ciudad, las rentas a los propietarios de Egobus y Coobus por sus vehículos tradicionales entregados. Agrega que, también "asumió directamente la chatarrización de los 1.853 buses viejos pendientes por sacar de circulación de estos dos operadores y  que según los contratos es responsabilidad de los mismos".

 

Hasta el momento la chatarrización de los buses antiguos del resto de los operadores, elemento clave para eliminar el paralelismo de rutas y buses tradicionales y para presionar que los ciudadanos se suban al SITP, solo llega al 39%. "A ese ritmo, nos demoraríamos 26 meses más para lograr el 100% de su implementación", aseveró Sanguino.

 

Agrega que le sorprendió el anuncio del Alcalde que aseguró que el 1 de junio dejarían de circular más de 4.000 buses y busetas tradicionales. "Sobre todo porque la propia Secretaría de Hacienda del Distrito reconoció que no se ha ejecutado un solo peso de los doscientos mil millones aprobados por el Concejo en el Presupuesto 2015 para la chatarrización comprometida en el Paro. Y porque estamos en riesgo de que los demás operadores pidan un trato igualitario en la chatarrización de sus vehículos. Ello nos costaría cuatrocientos mil millones de pesos adicionales que no están presupuestados", dijo.

 

Pero se mostró aún más perplejo por la orden para que la empresa Transmilenio opere los cuatro mil buses viejos, ante su imposible chatarrización en la fecha anunciada.

 

"Sorpresa porque Transmilenio se ha revelado como ineficiente en la operación de las troncales y buses rojos. Pero sobre todo, porque Transmilenio fue creada para sustituir el transporte tradicional, no para terminar operándolo. Con estas decisiones y este derroche de improvisación e ineficiencia, en movilidad, seguiremos a paso de tortuga".