UNA NUEVA perspectiva de la paz en Colombia fue lo que, en verdad, se entregó el lunes  con el documento del  empresariado colombiano, a través del Consejo Gremial, al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En este, que podría servir de grandes desarrollos posteriores, se plantea un eje transversal en el que el fundamento principal del proceso de paz se da por preminentes y exclusivas  razones humanitarias. Es decir, que las conversaciones que se adelantan en La Habana, entre el Gobierno y las guerrillas, no tienen un sustento político, ni exclusivamente jurídico, sino que se llevan a cabo por parte del Estado con un propósito exclusivamente humanitario.  Y es esto, según dicen los empresarios, el resultado de varios intentos de negociación, unos exitosos y otros fallidos, en los que los gobiernos, durante los últimos 35 años, han buscado básicamente resolver la crisis humanitaria en la que se ha desenvuelto Colombia en las décadas recientes.

Pese a que en el documento se habla en algunas ocasiones de conflicto, lo cierto, pues, es que su estructura está determinada por los graves efectos humanitarios causados mediante la agresión a la sociedad y las instituciones legítimamente establecidas, tal cual lo reseñan continuamente.  Es decir para resarcir a las víctimas pasadas e impedir que se produzcan víctimas futuras, básicamente en los estratos más pobres de la población. Se busca, así mismo, con la negociación evitar atentados terroristas, daños al medio ambiente, a la infraestructura, a los bienes públicos y a la economía nacional.

Y entienden la paz, entonces, no como la ausencia de conflictos sociales sino como el transcurrir de una sociedad que tiene los mecanismos institucionales y los conductos regulares para resolverlos.

De esta manera, igualmente, no se habla en el importante documento de conflicto armado interno, sino de las gravísimas secuelas humanitarias dejadas a lo largo de décadas por cuenta de la actividad armada de fuerzas irregulares, sean ellas guerrilleras o paramilitares.

Es por ello que los empresarios consideran válido negociar, pero no porque crean la causa subversiva justa en sus móviles y procedimientos, ni tampoco porque los alzados en armas tengan la capacidad de amenazar la estabilidad de la República.

Es precisamente por todo lo anterior que los empresarios sostienen que no existe una negociación simétrica, entre los alzados en armas y el Gobierno, sino que ella “tiene que ser asimétrica en favor del Gobierno, en quien reposa la legitimidad institucional del país”. Añaden que “no negocian los jefes de dos ejércitos enfrentados para culminar una guerra civil en la que ninguno de ellos ha podido vencer”. Reiteran que lo hace el Estado para acoger dentro de la legalidad a quien se encuentra por fuera de ella, fortalecer la capacidad de las instituciones y resolver la crisis humanitaria ocasionada.

Por eso los empresarios sostienen que “la negociación debe transcurrir dentro de la Constitución y no por fuera de sus preceptos”.

Visto lo anterior sostienen que “el derecho no es obstáculo para la conquista de la paz” y en esa dirección “que el proceso debe adelantarse con la mayor legitimidad y respaldo posible, no solamente de las instituciones públicas, sino particularmente de la sociedad civil”, en lo que son enfáticos. Y para que se de  dicha legitimidad piden que se otorguen las garantías de que habrá justicia.

No se refieren, en particular, a si esa justicia deberá ser retributiva, restaurativa o una mezcla de las dos. Es decir, retributiva en cuanto a las sanciones y el confinamiento propio de los delitos cometidos, y restaurativa en referencia al resarcimiento de las víctimas. Solo dicen que ella, la justicia, debe adelantarse sobre los principios constitucionales. Y piden concretamente que se establezcan claramente los criterios de la refrendación popular.

Frente al Tribunal de justicia, sobre el que dicen es la primera vez que se pacta un organismo de tal envergadura con las fuerzas guerrilleras,  señalan  que no se sabe cuál es su ámbito de competencia ni el término que la abarca. Del mismo modo piden claridad  sobre cómo se hará la dejación de armas. Arguyen, a su vez, que los problemas del campo colombiano se han debido al desorden histórico del Estado, la poca acción en la asignación y control de tierras baldías, el impacto de la violencia rural sobre la tenencia y propiedad de la tierra, el conflicto entre vocación y uso y la restitución de las víctimas de despojo.

Con base en lo anterior y algunas otras consideraciones, el Consejo Gremial ha respaldado el proceso de La Habana, no sin reparar en los varios salvamentos que tiene.

Por lo pronto resulta llamativo saber que los empresarios observan el proceso como una resolución humanitaria y que dan absoluta preminencia del Estado frente a la bilateralidad que se ha pretendido en todos los aspectos en la mesa de La Habana.