ENTRE EL director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar y el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid, se generó una controversia por los gastos del gobierno en aspectos tendientes a acallar críticas en contra de la Casa de Nariño.

Ahora se descubrió que la presidencia gasta cerca de $600 millones de pesos en pagar un grupo de influencers quienes a través de redes sociales salen en contra de medios de comunicación o líderes de opinión que denuncian hechos de corrupción del gobierno o muestran su desacuerdo con las decisiones administrativas de la Casa de Nariño.

El primero en admitir la existencia de este grupo al interior fue Gustavo Bolívar quién aseguró en su cuenta de X: “Busco Influencers para desmentir las calumnias de la oposición; hacer pedagogía en temas que un sector de la prensa tergiversa; comunicar los logros del gobierno y de la entidad que dirijo; informar sobre las convocatorias que hacemos para ayudar a la población más vulnerable”.

Sin embargo, el representante a la Cámara Hernán Cadavid quién hace parte del Partido Centro Democrático, señala que esta estrategia expuesta por el Gobierno nacional lo único que busca es desviar la atención del país sobre temas como la corrupción que se ha venido denunciando desde hace varios meses.

La situación de orden público que se viene degradando en diferentes regiones del país, la falta de mano dura por parte del Gobierno nacional en contra de los grupos armados que están adelantando conversaciones de paz, pero sin ser combatidos, el aumento de los cultivos ilícitos, el asesinato de líderes sociales, entre otras problemáticas que a través de las cuales Petro busca atornillarse al poder, según señala el parlamentario.

“Nada, no nos dejemos desconcentrar con cuentos: “Que el cambio en el escudo”, “que atentados en su contra”, “que el proyecto de reelección”. “Que la nueva droga etcétera, etcétera. ¡El fondo es la corrupción de un gobierno que estructuró un aparato criminal para llegar al poder y aprobar unas reformas destructivas!”.

Estas críticas también abarcan, la política exterior de Colombia en relación con la situación de Venezuela, el aumento de los impuestos a través de las reformas tributarias que pretende implementar el Gobierno. La demora en el giro de recursos que debe hacer el Gobierno nacional al Consejo Nacional Electoral para la financiación de los partidos políticos ante el periodo de elecciones que se avecina para el año 2026.