LA SALA Plena de las Corte Constitucional avaló la noche del miércoles el Acuerdo de Escazú, por lo que pasa a hacer parte de la normativa colombiana. La decisión generó debates y opiniones contrarias en el Congreso de la República.

Por una parte, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, aseguró que el acuerdo es hoy una realidad en Colombia.

“Por fin el Acuerdo de Escazú es una realidad en Colombia. La Corte Constitucional aprobó por unanimidad la ley que aprobamos en el Congreso en 2022”, indicó la congresista.

Además, indicó: “Ganan los territorios y las nuevas generaciones. Este es un avance importante hacia la justicia ambiental y la lucha contra el cambio climático”.

Por su parte, la senadora Isabel Zuleta, destacó que con la aprobación del Acuerdo de Escazú se ha demostrado el compromiso del Gobierno con los territorios.

“Celebro que la Corte Constitucional haya aprobado el Acuerdo de Escazú. Mientras en el anterior Congreso se le pusieron trabas, en el actual con la llegada de la bancada del Cambio se ha demostrado el compromiso con los defensores del territorio y del ambiente”, indicó.

Por su parte, la opinión de la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, sobre ello no es tan optimista.

“Costa Rica no ratificó el acuerdo por la incertidumbre que generaba a los privados; Perú también lo archivó por la pérdida de soberanía, porque atentaba contra la propiedad privada y contra los derechos adquiridos, además afirmaron la dureza del Acuerdo con las empresas formales y la falta de herramientas para mitigar o contrarrestar las actividades ilegales”, destacó la congresista del uribismo, quien manifestó que “el Tribunal Constitucional de República Dominicana no lo ratificó por considerarlo no conforme con la Constitución”.

Además, manifestó: “Ante la Corte Constitucional advertí que las competencias que se reconoce a órganos creados por el Acuerdo de Escazú, limita la configuración normativa del Estado; las principales protecciones para el desarrollo sostenible ya están en nuestro ordenamiento jurídico y no es cierto que el acuerdo proteja la vida de los líderes sociales que son asesinados en su mayoría por las Farc y el Eln”.

La decisión de la Corte Constitucional establece: “La Sala Plena verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una Ley que aprueba un tratado internacional, y concluyó que tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la Ley para el efecto”.

Pero, además, destacó en el fallo: “El Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas”.