EL NUEVO SIGLO: En medio de la crisis carcelaria se ha vuelto a hablar de la posibilidad de acudir al modelo de cárceles concesionadas, ¿eso es viable?

WILSON RUIZ: Es completamente viable. Cuando estuve en el cargo de ministro de Justicia, se trabajó en la Ley de Seguridad Ciudadana, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional, y se da la posibilidad de que en Colombia se pueda trabajar bajo la modalidad de alianza público-privada.

¿Qué significa eso? Una inversión mixta entre el Estado y el sector privado. Entonces, sería muy bueno porque un interno en Colombia nos costaría de $2.200.000 a $2.500.000.

Lo que se haría es una especie de concesión, en el cual el empresario, participando en licitación previa, se compromete a entregar un centro de reclusión con todas las comodidades.

Segundo, se encargará de vigilancia privada; y tercero, él suministrará los alimentos. El Estado empezaría a pagarle mes por mes al empresario, y el resto lo pone el Estado, podría ser en lote y parte de la inversión también.

ENS: ¿Cuáles son las ventajas que tiene este modelo y en qué otros países funcionan?

WR: Es un modelo que en Colombia se va a empezar a aplicar. Tengo entendido que el departamento de Antioquia ya ha empezado, en la ciudad de Cali también estamos asesorando.

Infortunadamente, la gente en Colombia cada vez que se va a hacer un centro carcelario, inmediatamente se opone. No lo veo como un riesgo para las comunidades, más bien como una proyección desde el punto de vista ciudadano y económico.

Es el mejor modelo que hay y así empezamos a no depender tanto del Inpec como un sector central.

¿Qué significa esto? Que se van también a ir acabando poco a poco los sindicatos del Inpec, que es lo que infortunadamente ha generado bastantes problemas en Colombia.

Ahora que recuerdo, hice un viaje a Estados Unidos y logramos ver que allá se está implementado el sistema bajo alianza público-privada.

ENS: ¿No sería mejor que el Estado, las gobernaciones y alcaldías construyeran más penales por cuenta propia?

WR: Sí, la ley por fortuna dice que el sector central, en este caso el Inpec y la Uspec, sería el ideal para poder construir centros de orden nacional y solamente tendrían en sus instalaciones a los condenados.

Los alcaldes y gobernadores tienen que construir centros transitorios de reclusión carcelaria, con base en la Ley de Seguridad Ciudadana.

Costo e inseguridad

ENS: ¿Cuál podría ser el costo de avanzar en esta dirección?

WR: Los costos son bastante grandes. Depende del número de internos que vaya a componer una cárcel. Ejemplo, no es lo mismo un centro de reclusión transitorio para 1.000 personas, que hacerlo para 3.000, 4.000 o 5.000.

También depende de si es un centro de reclusión de estructura rígida, de máxima seguridad o va a ser una especie de cárcel distrital para unos 1.000 o 1.500 internos que sería lo más ideal.

Generalmente, si uno habla de unos 1.700 internos, se podría hablar de unos 200.000 o 300.000 millones de pesos aproximadamente.

ENS: En un pico de inseguridad como el actual es claro que llega un momento en el que por más que se amplíe el cupo carcelario no habrá suficientes penales para albergar a los implicados y condenados, ¿debe avanzarse hacia una ley de flexibilidad penal?

WR: Soy partidario de empezar a pensar en un centro de reclusión en medio de la selva. Lo podríamos hacer a través de terrenos baldíos. He propuesto que se pueda colocar hasta una especie de barco-cárcel en medio de altamar y que pertenezca al territorio colombiano.

La otra es pensar en una isla, un centro de reclusión como Gorgona, para albergar a los peores delincuentes del país.

Segundo, en los centros de reclusión del orden nacional, el hacinamiento está alrededor de un 20 % o 22 %. El gran problema que tenemos es en las URI y estaciones de policía, las cuales deben tener, aunque sin tener una cifra exacta, entre 40.000 a 50.000 de ellos en condiciones poco dignas para los seres humanos.

En estos momentos, como se ha incrementado la inseguridad en el país en temas de extorsión, secuestros, hurtos y asesinatos, es necesario crear más centros de reclusión.

Plantearía, ejemplo, un centro de reclusión para unos 20.000 internos, y tres más de 10.000 para unos 50.000 cupos en todo el país, ya que la delincuencia en este momento está completamente desbordada.

Lo otro que he propuesto es que acabemos con tantas ERE Sur o ERE Norte para los políticos. Metámoslos en cárceles comunes; segundo, que se acaben las rebajas de penas para ellos.

ENS: Frente a la política carcelaria que se manejó en el gobierno Duque y la aplicada por el de Petro, ¿cuáles son las principales diferencias?

WR: La gran diferencia es que nosotros tenemos lo primero: dejamos trabajando a más de 50.000 internos en todo el país y estudiando a más de 30.000. Segundo, creamos muchas panaderías, hasta un centro turístico en la vía Armenia-Calarcá, para que fueran atendidos por los internos.

Mi equipo, en compañía mía, entregó más de 5.000 cupos carcelarios en todo el país en los casi dos años que estuve allí, y dejamos proyectado más de 10.000 cupos. Este gobierno lo que está diciendo es que no va a crear un solo cupo carcelario más y por eso las cárceles se van deteriorando. Si no hay más centros de reclusión, desde luego la delincuencia va a avanzar.

ENS: ¿A qué se debe el eterno pulso entre el Gobierno nacional, gobernadores y alcaldes por la construcción y administración de las cárceles?

WR: El gran problema es que todo el tema carcelario en ningún momento es electorero. No produce votos; todo lo contrario, es una problemática muy delicada.

En el país hay centros carcelarios que tienen más de 70 % de construcción. Los internos no se escapan porque no les da la gana. Es más, muchos internos se hacen capturar a propósito porque saben que ahí tienen techo y tienen alimentación, pero son miles de internos que lo hacen actualmente en Colombia, por la crisis que se está viviendo en todo el país.